Consejeros regionales piden anular Majes Siguas II

Si el Perú se enrumba por el camino de la asamblea constituyente y la colectivización de la economía, la suerte del proyecto hídrico Majes Siguas II (en Arequipa) estará echada. Los proyectos de desarrollo nacional quedarán paralizados con el impulso de una constituyente que concentrará un poder político, institucional y económico sin contrapesos ni control político. Los gobiernos regionales y locales, tomados hace 20 años por funcionarios y autoridades comunistas, concentrarán todo el poder político y económico en sus localidades. 

Por lo pronto, en el gobierno regional de Arequipa (GRA), seis consejeros regionales han vuelto a plantear la revisión de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Día atrás, mediante escrito, han pedido al gobernador Elmer Cáceres “no acelerar el destrabe” del proyecto de agua. Asimismo proponen la disolución del contrato de concesión (construcción, operación y mantenimiento) de la obra. “El nuevo gobierno central tiene que revisar el contrato y replantear toda la adenda”, ha señalado el consejero por Islay, Elmer Pinto. De esta manera, el estado de derecho y la seguridad jurídica de los contratos pueden terminar pisoteados por decisiones políticas. 

Los consejeros marxistas que se adhieren a la propuesta también han dado a conocer su frontal oposición a la agricultura a gran escala y exportadora. Promueven la llamada “agricultura social” e insisten en la experiencia desastrosa de Majes Siguas I: el 60% de los campesinos conducen ahora minifundios para una agricultura de subsistencia. No obstante, el gobernador Cáceres persiste en la decisión de continuar el proyecto, y tiene listo un texto nuevo de la adenda 13.

Si el contrato se disuelve, como plantean los consejeros comunistas del GRA, será otra bomba de tiempo para el próximo gobierno nacional. En noviembre de 2020 la concesionaria de la obra, la española Cobra, anunció que denunciaría al Perú en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) si los contratos se incumplen.

La demanda ocasionaría al país gastos no previstos en el presupuesto: contratación de abogados internacionales y pago de indemnizaciones, en caso de que el fallo sea adverso al país. Este gasto no les importa a las autoridades comunistas de Arequipa, y tampoco todo el tiempo que ha costado elaborar y gestionar el proyecto. Asimismo, las maquinarias adquiridas ya están oxidadas porque la obra, con un avance de 16%, fue detenida en 2017. 

¿Qué hay detrás de todo esto? Esa pregunta se puede responder entendiendo cómo se maneja la economía en los gobiernos departamentales. Por un lado se pretende rehacer el objetivo de la obra: imponer la agricultura social, con el fin de reducir el área de los fundos y dar paso a supuestos campesinos (con capacidad de compra). Pero estos campesinos no serían otros que traficantes de terrenos que comprarían los terrenos a “precios sociales” para revenderlos a precios comerciales. Y, por otro lado, convocar a un nuevo proyecto y detener el desarrollo de una inversión hidráulica que permitiría ampliar la frontera agrícola y generar inversiones intensivas en tecnología y capital.

Si el pedido de los consejeros se impone en el GRA, quedará entonces descartado el anuncio del ministro de Economía, Waldo Mendoza, sobre las posibilidades de Majes Siguas II en el mediano plazo y su importancia para el crecimiento de las agroexportaciones. Mendoza ha señalado que “el proyecto está destrabado y solo quedan detalles por abordar”.  Sin embargo, la visión estatista, colectivista y anti inversión de diversos sectores podría detener un proyecto que permitiría replicar los ciclos virtuosos que han producido las inversiones agroexportadoras en Ica y el norte del país.