¡Comunistas intentaron estatizar al sector agroexportador!

Al cierre de esta edición, luego de tres votaciones consecutivas, forzadas por Mirtha Vásquez, presidente interina del Congreso, la mayoría de congresistas, se opuso a un dictamen que, en la práctica, estatizaba las agroexportaciones. La mayoría de AP, APP y Fuerza Popular decidió detener la ofensiva colectivista. Finalmente, el proyecto fue enviado a la Comisión de Economía.

La ofensiva comunista en el Congreso para estatizar las agroexportaciones y liquidar un proceso de dos décadas de inversiones con alta intensidad de capital, crecimiento y reducción de pobreza en las zonas agroexportadoras, fue realmente feroz pese a no haber ninguna elección. El objetivo colectivista era simple: detener el crecimiento para que aumente la pobreza y la desesperación social, y que la prédica estatista, contra el neoliberalismo económico, sea escuchada.

Las corrientes colectivistas sorprendieron a tirios y troyanos proponiendo una Remuneración Básica Agraria (RMA) por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de la economía nacional. Es decir, una RMA superior a la que se paga en la minería, la construcción, etcétera. La llamada Remuneración Básica Agraria se compone de la RMV nacional y una bonificación especial del 25%, que tiene carácter remunerativo. Sobre esa base se establecen las alícuotas de la CTS, las gratificaciones y las vacaciones. De un solo plumazo, en términos reales, se elevan los salarios en 50%. 

¿Qué significa una decisión de este tipo? Considerando que, en los costos de producción general de las agroexportadoras, los costos laborales oscilan entre el 40% y el 60%, un incremento salarial de este tipo generaría sobrecostos salariales por encima del 80% en determinados cultivos. Es decir, en la práctica se estaría produciendo una estatización del sector privado agroexportador. Por ejemplo, los diversos cultivos en arándanos y en espárragos verdes y blancos, tendrían que ser cerrados de inmediato. Imposible. 

De otro lado, las corrientes comunistas no esconden su tirria en contra de las empresas agroindustriales que han convertido a los trabajadores formales en ciudadanos alejados de las prédicas estatistas. De allí que se proponga incrementar en el doble la participación de los trabajadores en las utilidades y se fomente la negociación colectiva por ramas.

La nueva reforma agraria que pretenden materializar las corrientes comunistas tendrán efectos devastadores en el empleo de más de un millón de trabajadores agrarios formales. La Asociación de Productores y Exportadores de paltas Hass del Perú acaba de alertar que, con  este tipo de propuesta se perderá un millón de jornales al año que, calculados en base a la actual remuneración de S/ 39.19, significarán que alrededor de un millón de familias dejarían de recibir S/ 39 millones. Igualmente se alerta que se perderán 3,250 hectáreas de palta Hass y se dejarán de sembrar otras 3,500. El gremio de paltas igualmente denuncia que el Estado perderá cerca de US$ 126 millones al año por impuestos. Una verdadera tragedia.

Es incuestionable que existen problemas sociales acumulados. Por ejemplo, hay más de un 50% de empresas agroindustriales informales, y es evidente que la informalidad laboral todavía es un grave problema. Sin embargo, ¿cuál es la causa de estas exclusiones? La derogada Ley de Promoción Agraria, que incrementó las exportaciones de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones y que ha reducido pobreza en las zonas agroexportadoras; o el Estado, que no logra controlar la informalidad agrícola en general. En el agro más del 90% de la actividad es informal porque la agroindustria no ha avanzado mucho, solo presenta islas de prosperidad, bienestar y tecnologías.

La agroindustria formal ha convertido tierras desiertas en oasis de prosperidad, nos ha devuelto el orgullo nacional con más de 600 frutas y hortalizas exportadas en el planeta, y convoca la envidia de nuestros vecinos, que pretenden copiar la derogada Ley de Promoción Agraria. Pero en un acto de frivolidad extrema, en un acto de ceguera ideológica icomprensible, este sector pretende ser estatizado por las corrientes comunistas en el Congreso. 

Pero no solo se trata de la irresponsabilidad del Congreso, sino también de la indolencia y frivolidad de un Ejecutivo que ha desorganizado el orden público en el Perú con el ilegal pase al retiro de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y luego pretende lavarse las manos en la discusión del futuro del agro en el Perú. Un Ejecutivo que se somete y humilla frente a las minorías radicalizadas que pretenden estatizar la economía a punta de bloqueos y violencia.

El Perú debe reaccionar. Y las bancadas responsables del Legislativo de ninguna manera deben aceptar la estrategia comunista, que pretende estatizarlo todo sin haber ganado una sola elección nacional.