Cajamarca: la riqueza mineral debe transformarse en inversión, empleo y desarrollo

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha señalado que el Gobierno busca acelerar los proyectos de inversión minera para contribuir al objetivo de llevar el crecimiento de la economía peruana al 6%. Para ello, el Minem pretende agilizar permisos y acompañar a las empresas durante el desarrollo de sus iniciativas. Y entre los proyectos de cobre mencionados por el ministro aparecen tres que tienen algo en común: Galeno, Michiquillay y La Granja están en Cajamarca. La declaración vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el Perú lleva demasiado tiempo postergando: ¿por qué una región con una de las mayores riquezas cupríferas del país sigue sin aprovecharla?

La pregunta es particularmente relevante porque el mundo necesitará cada vez más cobre. La electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables, las redes eléctricas y las nuevas tecnologías están incrementando la demanda de un metal que resulta indispensable para la transición energética. El Perú tiene una posición privilegiada para aprovechar esta tendencia. El cobre ya representa alrededor del 30% de nuestras exportaciones y podría adquirir todavía mayor importancia en las próximas décadas. Sin embargo, mientras otros países buscan atraer capitales para desarrollar sus recursos minerales, una parte considerable de las reservas peruanas permanece sin explotar.

Cajamarca representa quizá el caso más evidente de esta paradoja. La región cuenta con una extraordinaria dotación de recursos minerales y una cartera de proyectos cupríferos que incluye Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay. En conjunto, estas iniciativas representan más de US$16,000 millones de inversión potencial. Su desarrollo podría modificar radicalmente la estructura económica de la región y, al mismo tiempo, elevar la participación del Perú en el mercado mundial del cobre.

Pero esa riqueza continúa, en buena medida, debajo de la superficie. La paralización de Conga, en 2011, marcó un antes y un después para la actividad minera en Cajamarca. Desde entonces, la incertidumbre política, la ausencia de políticas sostenidas y la incapacidad del Estado para manejar adecuadamente los conflictos sociales han contribuido a mantener paralizados proyectos de enorme magnitud. El costo de esa postergación se expresa en inversión que no llega, empleos que no se crean, infraestructura que no se construye y recursos fiscales que no se generan.

La dimensión de la oportunidad permite comprender lo que está en juego. El denominado corredor cuprífero de Cajamarca tendría capacidad para incorporar aproximadamente 1.5 millones de toneladas métricas de cobre anuales a la producción nacional, un volumen equivalente a cerca del 60% de lo que actualmente produce el país. No se trata, por tanto, de pequeños emprendimientos aislados, sino de una cartera que podría cambiar la escala de la minería peruana.

Michiquillay ocupa un lugar especial dentro de esta perspectiva. Adjudicado a Southern Perú, el proyecto contempla una inversión cercana a los US$2,000 millones y una producción estimada de unas 225,000 toneladas métricas de cobre por año. Cuando entre en operación, podría elevar en alrededor de 10% la producción cuprífera nacional. Pero reducir su importancia a esas cifras sería insuficiente. Michiquillay puede convertirse en el proyecto que permita demostrar que Cajamarca todavía puede recuperar una trayectoria de crecimiento sustentada en grandes inversiones productivas.

Una gran operación minera puede generar mucho más que empleo directo. A su alrededor pueden crecer empresas de transporte, construcción, mantenimiento, metalmecánica, energía, logística, servicios especializados y tecnología. La experiencia internacional muestra que, cuando existe una estrategia de largo plazo, una mina puede convertirse en el núcleo de un ecosistema empresarial mucho más amplio. Para Cajamarca, ello significaría pasar de una economía que observa sus recursos minerales desde fuera a otra capaz de participar activamente en las nuevas cadenas productivas.

Por eso, acelerar Michiquillay debería formar parte de una política más amplia para destrabar la minería cajamarquina. Se necesitan permisos más eficientes, seguridad jurídica, reglas previsibles y una institucionalidad capaz de prevenir y resolver conflictos sociales. También resulta indispensable combatir la minería ilegal, que erosiona la formalidad, genera daños ambientales y alimenta circuitos económicos asociados a la evasión tributaria y la violencia.

El cobre le ofrece al Perú una oportunidad excepcional. Cajamarca tiene una de las mayores concentraciones de esa oportunidad, pero durante demasiado tiempo ha prevalecido la incapacidad para convertirla en inversión y desarrollo. Michiquillay puede ser el punto de inflexión. Si avanza, no solo producirá cobre: puede demostrar que la riqueza mineral de Cajamarca puede convertirse finalmente en empleo, empresas, infraestructura y bienestar. El Perú no puede darse el lujo de seguir dejando bajo tierra una oportunidad que el mundo está reclamando.