Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
La semana pasada la policía nacional del Perú (PNP) intervino un vehículo en el distrito de Haquira (en la provincia de Cotabambas, región Apurímac), que estaba cargado con explosivos destinados para la explotación de mineros ilegales. El vehículo, con placa de rodaje V1L590, era conducido por Ismael Cuba Rodríguez, quien se mostró nervioso ante los efectivos policiales y no pudo explicar el origen y el destino de los explosivos.
El suceso que mencionamos se ha convertido en moneda corriente en el corredor vial del sur –en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional– debido que, a inicios de este año, se multiplicaron las invasiones de mineros ilegales a las concesiones de la minería moderna (Antapaccay, Constancia y Las Bambas). Unas semanas atrás, igualmente, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP detuvo a cuatro mineros ilegales en el puente Challhuahuacho en Cotabambas, que trasladaban volquetes con las tolvas descubiertas con más de 60 toneladas de cobre puro valorizadas en más de S/ 3 millones de soles.
La minería ilegal, pues, comienza a convertirse en una verdadera amenaza para las minas modernas del corredor vial del sur. Si a estos hechos le agregamos que, según diversas informaciones, en la provincia de Pataz , en La Libertad, en menos de seis meses, han salido alrededor de 3,417 volquetes repletos de mineral que no pertenecen a Minera Poderosa, Aurífera Retama y Horizonte, las minas modernas que pagan impuestos y generan empleo, entonces, el problema es uno grave y de alcance nacional. Algo más. En Pataz, los mineros ilegales se han aliado con bandas criminales internacionales dejando un saldo de 15 torres eléctricas derribadas, 9 trabajadores muertos y más de 23 heridos.
Si bien el corredor vial del sur todavía no se conoce de una alianza explícita de los mineros ilegales con el crimen organizado, sí llama poderosamente la atención algunas reacciones inesperadas. Por ejemplo, la posición distante e indiferente que han asumido los sectores del radicalismo antiminero y las oenegés que se autoproclaman ambientalistas –y se han movilizado para bloquear la producción de cobre de las minas modernas–, en la denuncia de la minería ilegal que se multiplica en la zona.
Los camiones de la minería moderna que transportan el mineral en volquetes con las tolvas encapsuladas –para evitar el polvo del mineral– son permanentemente denunciados de “causar contaminación” en una carretera vial nacional. Ahora que los volquetes de la minería ilegal se multiplican transportando el mineral con las tolvas descubiertas, desarrollando contaminación y polvaredas, como se dice, no dicen esta boca es mía.
La minería moderna ha aportado a los gobiernos subnacionales entre S/ 7,000 millones y S/ 10,000 millones por concepto de canon y regalías en los últimos años -dependiendo del volumen de producción y los precios internacionales-, convirtiéndose en el motor de la descentralización. Pero asimismo, si analizamos cómo la pobreza desciende muy por debajo del promedio nacional en las regiones mineras, es evidente que la inversión minera es un poderoso motor antipobreza.
Si la minería ilegal avanza violando el derecho de propiedad que las minas modernas han conseguido a través de concesiones garantizadas por la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales, no solo se ahuyentarán nuevas inversiones, sino que se bloqueará la producción actual de las minas modernas.
Por estas razones el Estado de derecho debe movilizarse a nivel nacional en contra de la minería ilegal sin mayores dilaciones. De lo contrario el problema seguirá agravándose. En ese sentido, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP deben iniciar una cruzada para erradicar la minería ilegal en el corredor vial del sur y evitar que se repliquen las alianzas entre la minería ilegal y el crimen organizado internacional, tal como ha sucedido en Pataz.
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