Aduviri, enemigo de la inversión en Puno

El Ejecutivo, a través de un Decreto Supremo, ha decidido el pago de S/. 108 millones a la compañía canadiense Bear Creek Mining Company luego de un laudo arbitral favorable a la señalada minera. Bear Creek recurrió al arbitraje internacional contra el Perú invocando el Artículo Nº 824 del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y Canadá. El motivo: la cancelación de la concesión de manera unilateral por parte del Gobierno peruano, presionado por las protestas violentas organizadas por Walter Aduviri y el extremismo radical en mayo de 2011.

El daño ocasionado al país no solo tiene que ver con la indemnización a la empresa, sino con la pérdida de los cinco millones de onzas de plata que se dejó de producir en los primeros seis años. Producción que hubiera generado renta, canon, regalías y convenios de cooperación que las mineras suelen firmar con las comunidades donde desarrollan sus actividades. Una vez más, después de siete años, se pagan los platos rotos por la pasividad del Estado frente al ecologismo radical, que ha impuesto un sentido común anti inversión y le ha ganado la moral a las instituciones nacionales. Las autoridades renuncian a ejercer la soberanía y a hacer respetar la ley sin miramientos de ninguna clase.  

Lo más curioso del caso es que Bear Creek introdujo en el país un modelo distinto de responsabilidad social. Logró contagiar su entusiasmo en todos los poblados y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en medio del júbilo de los comuneros de las zonas de influencia de la mina. Sin embargo, lejos de entender los deseos de las comunidades, en la ciudad de Puno los antimineros desataron toda su furia saqueando e intentando incendiar numerosos edificios públicos, a pocas semanas del cambio de Gobierno, justo cuando Alan García se disponía a dejarle la posta presidencial a Ollanta Humala.   Otra de las consecuencias de esta terrible situación es el descrédito internacional del país. El Perú comienza a ser visto como un país que no respeta los contratos y convenios. Semejante imagen es terrible para las inversiones de mediano y largo plazo.

El extremismo ecológico señala que la minería contamina el agua de las cuencas, no obstante que todas las actividades mineras del Perú solo consumen el 1% del total de los afluentes que se pierden en el mar por falta de inversiones en represas y reservorios de agua. Sin embargo, ese mismo radicalismo ecológico se hace de la vista gorda de la basura y deshechos de las ciudades que han contaminado, prácticamente, a todos los cauces fluviales del país.

Walter Aduviri ha sido elegido gobernador de Puno y no se inmuta respecto al daño que ha ocasionado su irresponsable actuación como organizador del “aymarazo”. Por el contrario, mientras en Bolivia el presidente Evo Morales incluso hace modificar la ley de su país para permitir que las empresas estatales firmen alianzas comerciales con inversiones privadas extranjeras, Aduviri pretende fomentar en Puno, y en el sur, actividades mineras de corte tradicional. Su ojeriza es tal en contra del capital privado que hará retroceder a Puno a la era de piedra. Le niega a sus paisanos puneños ser parte de un cluster de diversos emprendimientos relacionados con nuevas tecnología y nuevas maneras de comerciar en el mundo los recursos naturales.

Mientras una empresa boliviana del sector de hidrocarburos firma convenios comerciales con una empresa alemana para producir baterías de litio destinadas al mercado europeo, Aduviri pretende masificar la extracción de litio a punta de pico y lampa. Terrible.