¡2023 será el último año de crecimiento de agroexportaciones!

La Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) acaba de alertar que el sector agroexportador seguirá creciendo hasta el 2023. A partir de entonces la falta de nuevas inversiones ocasionará el declive del sector, no obstante que otros países –como Colombia y Ecuador– reforman sus legislaciones y promueven inversiones para conquistar mercados internacionales y desplazar al Perú del expectante sitial que ha alcanzado.

¿Por qué se prevé el declive de este sector tan vital para la economía nacional? Es evidente que el caos nacional causado por el Gobierno de Pedro Castillo es una de las principales explicaciones. Sin embargo, otra de las causas decisivas de este declive es la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que establecía regímenes tributarios y laborales especiales para promover inversiones que tienen plazos de maduración que pueden llegar a los diez años.

Para entender la importancia de la ley que se derogó durante la pasada administración Sagasti, y con la conducción de Mirtha Vásquez de la presidencia del Congreso, vale recordar que la Ley N° 27360 comenzó a regir a inicios del 2000. En el 2001 las agroexportaciones sumaron US$ 627 millones; sin embargo, en el 2020 alcanzaron US$ 7,451 millones, el 2021 llegaron a US$ 8,842 millones y el 2022 se proyecta que sumarán US$ 10,493 millones. Y el 2023 pasarán los US$ 11, 554 millones. 

Según una investigación de AGAP, las agroexportaciones entre 1950 y 2000 se expandieron 5.7% anual mientras que en 2020 y el 2021 (con la vigencia de la norma derogada) las agroexportaciones crecieron en 14.1% anual. El papel de la norma derogada, entonces, era incuestionable.

Si el 2023 las agroexportaciones continuarán expandiéndose es porque las últimas inversiones que ampliaban la frontera agroexportadora se materializaron el 2019.

Es de enorme trascendencia entonces que el Congreso de la República, que hoy en gran mayoría se opone a la asamblea constituyente y a la colectivización de la economía, restablezca la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, para reiniciar un nuevo ciclo de inversiones y expansión de la frontera agrícola.

Una de las virtudes de la derogada norma era la flexibilidad laboral, que posibilitaba contratar trabajadores, con todos los derechos y beneficios sociales, de acuerdo a la estacionalidad agraria: siembra, cosecha y mantenimiento. Considerando que hay empresas que contratan hasta 10,000 trabajadores por campaña, la mencionada ley promovía el empleo masivo. De allí que en las regiones agroexportadoras la pobreza descendiera por debajo de la media nacional; y en regiones como en Ica, se llegó incluso al pleno empleo.

Hoy, con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, un sector de empresas agroexportadoras han comenzado a comprar maquinarias con el objeto de enfrentar las sobrerregulaciones creadas en los contratos laborales. Máquinas en vez de trabajadores.

El Congreso entonces no debe demorar más en restablecer la plena vigencia de la Ley N° 27360 para relanzar las inversiones agrarias en el Perú. Sobre todo considerando que el milagro exportador, que sorprendió al planeta entero, se desarrolló solo en 5% de las tierras habilitadas para la agricultura. Sobre todo, en grandes áreas ganadas al desierto por los nuevos proyectos hídricos del país. Como sabemos el 95% de las tierras restantes están conducidas por minifundistas que desarrollan una agricultura de pobreza y subsistencia.

Por todas estas consideraciones, si realmente pretendemos promover la transformación del agro se deben generalizar los beneficios de la agroexportación a todos los agricultores de la sierra, la selva y la costa. Es decir, los minifundistas también tienen derecho a alcanzar la prosperidad que generan las agroexportaciones en los diversos mercados del mundo.