Urge una reforma judicial en el Perú

Para que jueces y fiscales recuperen la confianza del pueblo

Cuando Pedro Pablo Kuczynski dio una conferencia de prensa como candidato, dijo que el Poder Judicial era un cáncer y que de llegar a la Presidencia realizaría una reforma integral del sistema judicial —incluyendo al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público y a la Policía Nacional— para sacar a “las manzanas podridas” de esas instituciones y de la administración pública.

Va a cumplirse un año de su gestión y no se ha hecho nada. Hoy tienen que existir facturas o un documento que acredite la recepción de millonarias coimas para que puedan ser juzgados los corruptos, como si los mafiosos fueran tontos para llenar esos documentos.

Mientras tanto, ex presidentes de la República, ex ministros de Estado y altos funcionarios siguen caminando libremente por las calles sin que ningún fiscal o juez se atreva a meterlos presos —aunque sea preventivamente—, tal como hicieron con la ex voleibolista Jessica Tejada, que es una santa frente a tanto delincuente de cuello y corbata.

Sabemos que la “delación premiada” suscrita por un centenar de funcionarios de OAS y Odebrecht ante la justicia brasileña, los obliga —bajo pena— a decir y documentar su verdad para atenuar las sanciones carcelarias, por lo tanto tiene carácter de “declaración jurada”. Existen testigos, documentos, rutas seguidas por el dinero mal habido de Ecoteva, Gasoducto del Sur, Carretera Transoceánica; pero todo ello resulta insuficiente para nuestro Sistema Judicial. Además todos estos casos se abordan en forma aislada, y no como “crimen organizado”, que tiene una penalidad mínima de treinta años y corresponde a los malos funcionarios y profesionales que enquistados en el Estado lo saquean, pese a tener varios procesos abiertos... Y aquí no pasa nada. Sin embargo, es ese mismo Sistema Judicial el que, con la delación de Matilde Pinchi Pinchi, metió a la cárcel a varios ministros fujimoristas

El “Capitán Carlos“ es acusado por delitos de lesa humanidad en Madre Mía, donde encuentran fosas verificadas por fiscales; pero el cabecilla de la matanza sigue libre, negándolo todo. Nadine Heredia dice que no recibió las coimas de US$ 3 millones de Odebrecht ni los US$ 400,000 de OAS; a pesar de existir documentos probatorios, pero su sola palabra vale más que las pruebas. Se corre así el peligro de que la ex pareja presidencial fugue del país, tal como ocurrió con Alejandro Toledo.

Un héroe policial está preso hace ocho meses por haber brindado declaraciones a la prensa sin el permiso de sus superiores, y un chofer que hace 18 meses atropelló y mató a siete integrantes de una familia en Chancay —por conducir a excesiva velocidad el bus de la orquesta Corazón Serrano”— sigue libre, y no acude a las citaciones judiciales ni ha indemnizado a los familiares. Casos como estos se registran por miles en el país, frente a un Ministerio Público y Poder Judicial que albergan funcionarios insensibles, corruptos y de espaldas a la realidad nacional.

La paciencia de los peruanos no da para más. Se requiere una profunda “reforma judicial”, para que jueces y fiscales recuperen la confianza del pueblo. Es hora que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski honre sus promesas y cristalice las reformas para contar con un Consejo Nacional de la Magistratura con juristas de altísimo nivel, probos, intachables y sin pasado turbio.

Es urgente que el Ministerio Público y el Poder Judicial acaben definitivamente con fiscales y Jueces provisionales, que son el motivo de que delincuentes de alto vuelo, narcotraficantes y malos funcionarios públicos sigan haciendo de las suyas.

Asimismo, el Congreso tiene la obligación de modificar algunos artículos de la Constitución del Estado para que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen coordinadamente, impidiendo que malos abogados aprovechen los vacíos legales que facilitan la impunidad de los delincuentes y de los funcionarios inescrupulosos. El país no puede esperar más.

Carlos Arnillas Denegri