Una salida desde un Congreso desprestigiado

La sentencia emitida el 28 de agosto de 2017 por el Tribunal Constitucional, referida al comportamiento de los congresistas dentro de un grupo parlamentario, impide a los congresistas no agrupados (Grupo Parlamentario Especial), participar en la mesa directiva del Congreso y presidir las comisiones parlamentarias, en clara trasgresión al voto preferencial señalado en nuestro sistema electoral. Ello pone en desventaja a quienes actuaron de manera honesta y consecuente con sus principios democráticos en diversas votaciones, y ha terminado beneficiando a grupos parlamentarios que han actuado a espaldas de la ciudadanía y de la institucionalidad. Esta situación –que se ha hecho visible nuevamente en el periodo parlamentario anual desde el año 2021 a la fecha– ha gestado, conjuntamente con otros factores, la ola de protestas y el alto grado de conflictividad política que actualmente vive el país.

Aunque en el inicio del actual período parlamentario las bancadas congresales eran 10, en la actualidad hay 13 bancadas y 6 congresistas no agrupados. Dicha fragmentación tiene su origen en el condicionamiento de los grupos parlamentarios al ejercicio de la facultad de los representantes. Así se evidencia la subordinación del poder parlamentario a las instrucciones de los dueños de las franquicias políticas y el favorecimiento de los intereses mercantilistas de los lobbies y grupos de presión, y la omisión de la labor de supervisión y control político. Se trata de una tendencia que va a continuar en el Legislativo y que ha contribuido al descrédito generalizado del actual Congreso, cuya aceptación bordea el 9% a nivel nacional.

Esta situación es inaceptable, si consideramos que los partidos con representación en el Congreso reciben financiamiento público directo durante el tiempo de permanencia en el Congreso de la República. Los partidos no han efectuado una eficiente asignación y uso del financiamiento recibido. Los recursos que debieron destinarse a la formación y preparación de los cuadros políticos y al fortalecimiento de los vínculos con los electores, han sido dilapidados, y los partidos no son reconocidos como interlocutores válidos en la actual crisis política.

Al respecto sugiero: a) Implementar el control previo y concurrente sobre los actos y contratos mediante los cuales los partidos emplean el financiamiento público, control que corresponde ejercer a la Contraloría General de la República al tratarse de fondos públicos; y b) Otorgar facultades al JNE para declarar la responsabilidad e inhabilitación de los dirigentes políticos involucrados en el mal uso o aplicación del financiamiento público.

¿Cómo desde el Congreso podemos contribuir a la solución de una crisis gatillada por la convulsión social compuesta por una multiplicidad de actores sociales marginales, informales e ilegales? A efectos de recuperar la paz social y la desaparecida confianza ciudadana, el Congreso debe, en el plazo más breve posible, nombrar como próximo presidente de su mesa directiva  a una figura que la población no identifique con las posiciones que han conducido a la confrontación, por razones de equilibrio y relativa distancia de las fuerzas políticas.

De lo que se trata es de generar el menor antagonismo dentro y fuera del Legislativo, con transparencia absoluta frente a un proceso electoral que permita mostrar receptividad y permeabilidad frente a las demandas ciudadanas. Y preservando la constitucionalidad del sistema.