¿Respeto a la Constitución o conveniencia?

Una de las tristes realidades de la política peruana es que a muchos actores no les interesa la Constitución. Los miembros de nuestra “derecha” se han presentado como los principales defensores de nuestra carta magna en tiempos recientes, exigiendo, en reiteradas ocasiones, su irrestricto respeto. Sin embargo, cuando cambian los intereses y las agendas, esa supuesta defensa se desvanece rápidamente, dejando claro que su compromiso con la Constitución es, en muchos casos, solo una mera conveniencia.

Un claro ejemplo de esta contradicción lo encontramos en el proyecto de ley sobre la unión civil, impulsado por el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, quien, junto a su partido, se publicita como un ferviente defensor de la Constitución. Este proyecto, sin lugar a dudas, busca eludir nuestras normas fundamentales mediante el uso de argumentos sentimentalistas y excusas para desviarnos, pues como señaló el propio legislador, esta iniciativa es solo “el primer paso” de sus planes progresistas en favor de la agenda LGBT en el país.

La realidad es que este proyecto de ley es incompatible con nuestra Constitución, ya que infringe los artículos 4° y 5° de nuestra ley suprema. Comenzando por el segundo de estos artículos, que establece que el concubinato solo se reconoce como la unión estable entre un hombre y una mujer, lo que excluye explícitamente cualquier posibilidad de reconocer uniones entre personas del mismo sexo. De este modo, el proyecto de ley de Avanza País resulta directamente conflictivo con este precepto.

Por otro lado, la transgresión del artículo 4° es aún más flagrante, aunque su interpretación requiera un análisis más profundo. Este artículo establece que el matrimonio es la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer, y cualquier intento de reinterpretarlo para incluir uniones entre personas del mismo sexo es inconstitucional. El proyecto de ley en cuestión se asemeja considerablemente a la figura del matrimonio, lo que ha sido ampliamente criticado por constitucionalistas, quienes señalan que esta iniciativa pretende, de facto, establecer un “matrimonio igualitario” bajo el disfraz de una "unión civil".

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, expresó su oposición al proyecto al señalar que lo que están intentando desde el Congreso es “meter a la unión civil como una suerte de modalidad del matrimonio”. El análisis del exmagistrado Blume evidencia con claridad la inconstitucionalidad de la medida, pues lo que se busca es disfrazar una figura de matrimonio igualitario bajo el nombre de unión civil, cuando las diferencias entre ambos serían prácticamente mínimas, lo que entra en contradicción con nuestra normativa.

Es cierto que existen problemas patrimoniales que deben ser abordados por nuestra legislación, y que podrían solucionarse mediante proyectos de ley que otorguen mayor libertad a los individuos en cuanto a la disposición de su patrimonio. No obstante, la figura de la unión civil no es la respuesta adecuada a esta cuestión.

Es evidente que el proyecto de la unión civil es inconstitucional. Sus promotores prefieren ignorar las contradicciones que surgen de su propuesta y su doble moral. Lamentablemente, cuando les conviene, defienden la Constitución; pero cuando esta entra en conflicto con su agenda, no dudan en vulnerarla sin reparos. Constitucionalmente, la unión civil solo podría debatirse a través de una reforma constitucional, no como un simple proyecto de ley, ya que se requerirían cambios estructurales en nuestra carta magna para evitar una contradicción legal. Sin embargo, a los congresistas que promueven este proyecto parece no preocuparles en lo más mínimo la coherencia legal, siempre y cuando puedan avanzar con su agenda ideológica.