Premier, pandemia y consenso

El 11 de agosto del 2020, en cumplimiento del mandato constitucional, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos ha expuesto “la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión” y ha solicitado el voto de confianza. Luego de solo 8 días de la negativa de la confianza al gabinete Cateriano, con dos ministros con interpelaciones pendientes y con expresiones duras entre ambos poderes del Estado, la tarea del nuevo premier no parecía sencilla. Los errores más saltantes que brotaron de la negativa de la confianza al gabinete anterior –como dirigirse a la población al margen del Congreso, excesivo énfasis en la reactivación económica de la gran empresa y confrontar con el Congreso, entre otros– deberían ser corregidos. 

La exposición del premier ha tenido un persuasivo título, “Momento de unión y consenso”, y ha redundado sobre los dramáticos momentos que atraviesa el país, debido a la pandemia. Ha mostrado empatía con el sufrimiento humano. Además, el mensaje ha sido dirigido a los congresistas, a quienes ha reconocido como genuinos representantes del país, y ha aprovechado para pedir que a través de ellos se consolide la “unión y el consenso”. Es decir, se ha puesto en el lugar que le corresponde a cada poder del Estado. En ese sentido, ha modificado el énfasis de la preocupación del Gobierno, enfocándose en cinco puntos: la lucha contra la pandemia, la reactivación y el desarrollo económico, la reactivación y el desarrollo social, la seguridad ciudadana, y la lucha contra la corrupción: reforma de justicia y reforma política.

Ha reconocido el premier que el Pacto Perú “representa una apuesta a largo plazo entre los actores políticos en temas concretos, para ofrecer las garantías de que las medidas a ejecutarse tengan sostenibilidad en el tiempo y no estén condicionadas a la coyuntura del momento”. Además, ha señalado que el Gobierno ha entrado al final de su mandato y no puede “darse el lujo de confrontaciones estériles”. Ha apelado a la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional; sin embargo, es necesario recordar que no hace mucho, el 2015, se aprobó un consenso denominado “Los objetivos de la reforma de Salud” para enmendar el equivocado norte de la reforma de salud humalista. Ese consenso propone que el Seguro Integral de Salud se fortalezca y se convierta en un seguro social pleno, y que la salud y la seguridad social son derechos humanos fundamentales. Sin embargo, a fines del 2019, el Gobierno ha promulgado el DU 017-2020, que retoma, contrario al consenso del Foro Acuerdo Nacional del 2015, la reforma de salud humalista. Es decir, a pesar del consenso de abandonar la política de aseguramiento mercantilista, y en su lugar avanzar hacia la seguridad social universal, no se ha hecho caso. 

En la lucha contra la pandemia, el primer ministro ha planteado medidas de contención y mitigación con una serie de acciones en los penales, en las comunidades indígenas, en el primer nivel de atención, en la oferta hospitalaria y en sus poblaciones objetivo. No obstante, no ha precisado cuál será la estrategia para lograr esos objetivos, y menos aún los indicadores de desempeño para evaluar la gestión sanitaria. Se ha referido en modo genérico al sinceramiento de las cifras, aunque no ha señalado las correcciones de las deficiencias en la publicación de la data de la pandemia. Además, ha resaltado la comisión de fallecidos para aclarar las cifras. En relación con el abastecimiento del oxígeno medicinal, que es esencial en la pandemia, no ha señalado cuál será el mecanismo para lograr un suministro óptimo. 

Ha realizado una referencia especial a las vacunas contra el Covid-19. Ha señalado que el Gobierno está próximo a firmar acuerdos con tres laboratorios farmacéuticos para realizar ensayos clínicos, para asegurar precios “preferenciales y condiciones favorables”. Además, que antes del 31 de agosto manifestarán el compromiso financiero con la iniciativa CovaxFacility, “liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para asegurar la adquisición de las vacunas”. Es decir, el Perú participará en los ensayos clínicos en el proceso de investigación de la vacuna y además colocará fondos para asegurar la prelación en la obtención de las vacunas.

La lucha contra la pandemia requiere mejorar la mala gestión sanitaria. Por ejemplo, el avance de la ejecución presupuestal de los recursos para Covid-19 es de solo 36.6%, y en inversiones públicas, es de solo 14.6%. Además, hay conflictividad laboral larvada por la pandemia y la emergencia sanitaria. Además el primer ministro ha omitido las graves falencias en los recursos humanos. Hay escasez de profesionales y servidores, actas y acuerdos incumplidos, precariedad y modalidades laborales agraviantes. No ha existido una sola mención a la memoria de los servidores de salud caídos, y menos aún, los mecanismos para evitar más desgracias.

A pesar de la referencia más extensa a la lucha contra la pandemia, aún no ha avanzado hacia el enfoque comunitario. La operación Tayta es una actividad importante y necesaria, pero no implica el enfoque comunitario. No se debe confundir la estrategia con las actividades. Además, los establecimientos de salud del primer nivel de atención, los centros y puestos de salud, han sido aludidos en forma breve, sin mayor relevancia. Ha omitido la ligazón con el enfoque comunitario. Ha abandonado la conformación de las Redes Integradas de Salud; es decir, de la organización sanitaria que permite eliminar la fragmentación y la segmentación del sistema nacional de salud en el nivel local. Y que, sobre todo, permite una más amplia participación social.