Nefasto precedente

La libertad de opinión y expresión son derechos inalienables

El martes último, que paradójicamente debió ser un día conmemorativo de la libertad de prensa, se convirtió en un obituario de esta cuando la jueza Susan Coronado, del 42° Juzgado Penal de Lima, emitió un fallo condenatorio contra el periodista Rafo León, producto de una denuncia por difamación interpuesta por Martha Meier Miró Quesada, ex editora de El Comercio.

Las justificaciones de la señora Coronado para sancionar a León son, por decir lo menos, no lamentables sino kafkianas o surrealistas, teniendo en cuenta que se trataba de una columna de León que a lo mucho podría calificarse como sarcástica. Vaya a usted a saber qué habrá pasado por los ojos o la mente de la jueza, pero lo completamente objetivo es que nos pone en riesgo a todos los que ejercemos el periodismo a diario, opinando, criticando, aseverando o eventualmente informando, porque tras la sentencia de marras, podríamos correr la misma suerte.

Empiezo hablando en primera persona. Siempre he releído mis columnas antes de publicarlas; y tanto en TV como en radio y en twitter, intento —asumo que muchas veces no lo logro— ser lo más ponderado y objetivo cuando califico, critico o asevero algo. Y la primera conclusión a la que salto es que decenas de veces he sido mucho más duro en mis afirmaciones de lo que fue León en su columna “¿Qué hacemos con la primita?”. Y si revisamos la diversidad de frases y términos de columnistas, periodistas y opinólogos locales que a diario se manifiestan, pues tendría que abrirse un nuevo pabellón en Piedras Gordas para alojarnos. Claro, en el caso de que la forma de pensar de la señora Coronado prevaleciera en las instancias judiciales superiores.

No menos grave es lo sucedido con el colega Fernando Valencia, ex director de Diario 16, quien acaba de recibir también una sentencia condenatoria suspendida de un año y ocho meses por una portada que recogía afirmaciones del presidente Humala. Igual, si esta fuera un precedente judicial, citar afirmaciones u opiniones de terceros altamente críticas contra personas públicas o autoridades, haría que las dos terceras partes de directores de medios o editores estuvieran tras las rejas.

De otro lado, sobre todo en redes sociales, las barras bravas de una u otra organización política han pretendido que los casos León, Valencia e incluso la más reciente restricción que tendría el semanario Hildebrandt en sus trece para imprimir, sean trasladados al campo de la contienda política. No caigamos en ese juego. La libertad de opinión, expresión e información son derechos inalienables no subordinados a las identidades políticas, ideológicas o de cualquier otra índole, pues se trata de derechos fundamentales. Así que bien haríamos en separar el ejercicio de un derecho de acuerdo a las personas involucradas o los criterios políticos. De paso aclaro, aunque no creo que haga falta, que quien escribe guarda muy probablemente más distancias que cercanías políticas con León, Meier, García, Valencia y Hildebrandt. Pero, reitero, no es eso lo relevante.

Finalmente, es vital precisar que los derechos fundamentales antes señalados de ninguna manera pueden colisionar ni violentar otros de igual naturaleza, como el derecho a la honra, el buen nombre y la privacidad de las personas. Para que esto no suceda están los tribunales. Y pese a que tanto periodistas como jueces somos humanos y falibles, la búsqueda de la objetividad, el apego al espíritu de la ley y la consciencia de los límites deben estar presentes cuando hacemos referencia pública a cualquier persona.

Ojalá los superiores de la señora Coronado nos retiren ya esta espada de Damocles.

Mario Saldaña C.

@msaldanac