La verdad sobre las esterilizaciones

¿Hubo política de estado de esterilizar masivamente a mujeres pobres?

Mamérita Mestanza tenía 33 años y 7 hijos cuando murió, 9 días después de someterse a una Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) dentro del programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PSRPF 1996-2000). Luego que el Poder Judicial le impidiera a su marido acceder a la justicia, las ONG llevaron el caso a la CIDH, donde el Estado asumió su responsabilidad y la familia fue indemnizada. No fue la AQV lo que acabó con la vida de Mamérita, sino una falla de los médicos que la operaron, la dejadez en el post-operatorio. Pese a que Mamérita presentaba síntomas de que algo había salido mal, fue dada de alta.

Casos como este suceden todos los días en el Perú y muestran nuestra debilidad institucional. Sin embargo, como Mamérita fue esterilizada dentro del PSRPF, su caso es usado como símbolo de lo que se conoce erróneamente como “las esterilizaciones forzadas.”

El PSRPF fue diseñado luego de que Fujimori participara en las conferencias de El Cairo (1994), que buscó impulsar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la de Beijing sobre la mujer (1995). El objetivo del programa fue, siguiendo los lineamientos de ambas conferencias, reducir las tasas de mortalidad materno/infantil mejorando las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándole énfasis a la población del interior del país por la desigualdad que existía: sus indicadores de salud eran entre 3 y 5 veces peores que en Lima. Si en Lima la mortalidad materna era de 185 x 100 mil, en Ayacucho era 1039; y si en Lima morían 26 de cada 1000 nacidos vivos, en Huancavelica morían 106. Si la tasa de fertilidad en Lima era 2.6 hijos por mujer en Huancavelica era 6.5 hijos. Solo 1 de cada 5 partos ocurrían en un hospital. En 1993 murieron 1670 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y postparto: es decir, una madre moría cada 5 horas.

Contrario a lo que ha sostenido el congresista Héctor Becerril, el PSRPF no fue un “programa de control de la natalidad” porque reconoció el derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos tener y cuando. Por eso informaba y educaba sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. Además, aumentó el número de centros de salud, y facilitó e impulsó el acceso al cuidado pre y post natal y a los partos institucionalizados.

El programa buscó que las mujeres pobres pudiesen acceder gratis a los servicios de salud, beneficiando a 850,000 familias al año. El PSRPF proveía de todos los métodos anticonceptivos disponibles. En 1997, el 13% de usuarias eligió una AQV, 33.6%Depo-Provera, 20%píldora, 16%DIU y 12%condones. ¡El 87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV! Esta última se aplicaba solo a las mujeres que ya tenían cuatro hijos y mayores de 25 años. Como resultado del programa se redujo la mortalidad materna en 30%.

Durante su implementación se presentaron denuncias que fueron investigadas por la Defensoría del Pueblo, que documentó unos 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento, de 254,455 AQV realizadas. Esto es ¡el 0.06% del total de las intervenciones! ¿De dónde salen esas 300 mil “esterilizaciones forzadas”?

Pese a que el PSRPF fue cancelado a la caída de Fujimori, durante el gobierno de Toledo la defensoría documentó 26 esterilizaciones sin consentimiento. Y como resultado de la cancelación del PSRPF, el uso de métodos anticonceptivos cayó de 50.4% en el 2000 a 44% en 2004. En el área rural cayó a 37% cuando el 62.5% de las mujeres no quería tener más hijos, y solo 6.7% había accedido a AQV. La atención de pacientes con aborto incompleto aumento de 35,000 en 2000 a 41,993 en 2003.

Ninguna mujer puede ser obligada a esterilizarse contra su voluntad. Es momento de definir la responsabilidad penal de los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento, y de los jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas, y estas deben ser indemnizadas. Acabemos ya con la utilización política de la salud sexual y reproductiva de las peruanas.

Por: María Cecilia Villegas