Facultades, Petroperú y el show del IGV

Reducción del IGV es un elemento de negociación con el fujimorismo

De lo dicho ayer por el presidente del Consejo de Ministros sobre el paquete legislativo —que motiva el pedido de facultades normativas al Congreso— no queda más que concluir que es tan ambicioso como positivo y necesario. Adicionalmente, la debida explicación que los integrantes del Ejecutivo hagan ante los diversos grupos de trabajo del Parlamento debería abrir un espacio de diálogo y concertación sobre diversos temas de urgencia nacional.

Esto último es crucial porque Fuerza Popular ya ha adelantado que cuenta con propuestas en los mismos rubros: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento. La idea es que las propuestas, principalmente de la mayoría congresal, pueden enriquecer y agregar valor a las iniciativas de Palacio para que las medidas no solo queden en papel, sino que su rápida ejecución cuente con el debido respaldo político.

De lo dicho por Zavala ayer llaman la atención un par de temas. El primero es la insistencia en que la reducción del IGV en un punto porcentual por año de todas maneras será incluida en el paquete. Y aquí es donde empieza la confusión. Habíamos entendido por las recientes declaraciones del presidente Kuczynski, que debido a la delicada situación del déficit fiscal 2016 (alrededor del 3.3% del PBI) la medida, si bien no se desechaba, se postergaba para el primer semestre del 2017. Más si en el proyecto de ley de presupuesto se prevé un incremento de recursos cercano al 5%, mucho del cual supone más gasto corriente y de capital.

Entendemos que la reflexión presidencial es producto de un ejercicio alineado (como la gimnasia que hacen en Palacio) con el titular del MEF y su equipo para llegar a tal conclusión, sin embargo, lo manifestado por el ministro Zavala revela algo diferente. Por ende, o el presidente “se mandó solo”, o el ministro Thorne le demostró que estaba en un error. O, pese a todo, se plantea la reducción del IGV como un elemento de negociación con la bancada fujimorista para la obtención de las facultades.

Y discúlpenme, pero aquí ya no hay margen para señalar deslices o errores. Con este show del IGV (si va o no va su reducción) estamos hace un par de semanas, e independientemente de lo que diga uno u otro analista económico, el mensaje del Gobierno sigue siendo extremadamente confuso y ambiguo. No necesitamos ninguna traducción, solo la decisión final, con su respectiva justificación, de parte del Gobierno.

El otro tema es la inclusión, “a la hora nona”, de la reorganización de Petroperú. Es evidente que los constantes derrames de crudo (varios de ellos, según reporta la empresa estatal, producto de sabotajes) obligan ya no solo a que la compañía ponga en marcha acciones de contingencia operativa, social o ambiental, sino también a apurar un plan de reestructuración y modernización. El objetivo central de este plan debe ser poner a la organización —en un mediano plazo— en tal situación de competitividad y eficiencia que pueda cotizar en bolsa, y manejarse con los mejores estándares internacionales y con una gerencia absolutamente alejada de cualquier influencia política.

Sería injusto decir que Petroperú no ha iniciado ese camino: sí lo ha hecho. Pero como todo en nuestro país, los procesos y límites a los que están sujetas las acciones de la administración pública representan verdaderas murallas infranqueables. Ojalá que este nuevo intento se apoye en lo avanzado y que se le imprima toda la velocidad del caso.

Mario Saldaña C.

@msaldanac