Evitemos una tragedia nacional

El próximo 7 de junio los peruanos acudiremos a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos y económicos claramente diferenciados. La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Más allá de las simpatías o antipatías que puedan despertar ambos candidatos, la elección ha adquirido una dimensión mucho más profunda: decidir si el Perú continúa por la senda de la economía de mercado y la democracia representativa o si se embarca en una propuesta política identificada con el estatismo y el legado del gobierno de Pedro Castillo.

La candidatura de Fujimori representa, en esencia, la defensa del modelo económico que ha acompañado al Perú durante las últimas tres décadas. Un modelo que, con todas sus imperfecciones y limitaciones, permitió multiplicar las exportaciones, reducir la pobreza, consolidar una clase media emergente y convertir al país en una de las economías más dinámicas de América Latina durante buena parte de este siglo. Negar esa realidad equivale a desconocer una de las transformaciones sociales más importantes de la historia republicana reciente.

Gracias a ese esquema económico, millones de peruanos pudieron emprender, acceder a mejores oportunidades y construir una vida que habría sido impensable durante las décadas de crisis, estatismo e hiperinflación que marcaron los años ochenta y principios de los noventa. El Perú que hoy existe, con todas sus dificultades, es también el resultado de ese proceso de apertura económica y estabilidad macroeconómica.

Pero la discusión no es solamente económica. En el plano político, la elección también enfrenta dos visiones diferentes del Estado y de la democracia. A pesar de la permanente crisis institucional que ha caracterizado los últimos años, el país ha logrado mantener la vigencia de un sistema democrático que permitió superar gobiernos fallidos, escándalos de corrupción y sucesivas confrontaciones entre poderes del Estado sin romper completamente el orden constitucional.

La experiencia reciente debería servir como advertencia. El gobierno de Pedro Castillo no solo estuvo marcado por la improvisación, la ineficiencia y los cuestionamientos por corrupción. También culminó con un intento de golpe de Estado que puso en riesgo la continuidad democrática y generó una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas.

En ese contexto, resulta imposible ignorar que Roberto Sánchez fue ministro de Castillo y formó parte de una coalición política que respaldó a un gobierno cuya gestión terminó desacreditada ante amplios sectores de la población. Del mismo modo, varios de los sectores políticos que hoy apoyan su candidatura mantienen posiciones que cuestionan aspectos fundamentales del actual modelo económico y promueven una mayor intervención estatal en la economía.

La preocupación de muchos ciudadanos radica precisamente en que una eventual administración de Sánchez podría reabrir debates que ya demostraron su fracaso en el pasado. La historia peruana ofrece suficientes evidencias sobre las consecuencias de políticas económicas basadas en el intervencionismo, el crecimiento descontrolado del Estado y la hostilidad hacia la inversión privada. Los resultados fueron crisis fiscales, inflación, pobreza y estancamiento económico.

Por supuesto, ello no significa que el actual modelo carezca de problemas o que Fuerza Popular esté exento de cuestionamientos. Existen discrepancias legítimas respecto a decisiones adoptadas por el fujimorismo durante los últimos años y sobre su comportamiento político en distintos momentos de la vida nacional. Sin embargo, para amplios sectores de la ciudadanía, la principal prioridad en esta elección consiste en preservar las libertades económicas y políticas que permitieron el desarrollo de millones de peruanos.