El oscuro jinete líder: la corrupción

Fiscalía y SNC no cumplen sus funciones en la lucha contra este problema

En la entrega anterior evidenciamos que, en nuestro precario sistema democrático, los jinetes del Apocalipsis —utilizando términos bíblicos— eran más de cuatro. Mencionamos en dicha ocasión a uno de ellos, nuestro ya desfasado y debilitado Sistema Nacional de Control. En esta oportunidad, siguiendo con el símil, hablaremos de un mal endémico que lamentablemente todos conocemos y que hasta el día de hoy no hemos logrado erradicar: la corrupción.

Si bien los gobiernos de los últimos años han gastado mucha tinta diciendo que desarrollan políticas públicas orientadas a transparentar la actuación del Estado y de los privados, implementando medidas normativas de lucha contra la corrupción, lo cierto es que este mal sigue irrumpiendo en todos los niveles, escalado incluso hasta las más altas esferas del Gobierno. Incluso el sector privado, como lo hemos visto en los últimos casos, también se ha visto perforado por este tipo de inconductas.

Resulta realmente preocupante que, según el “Corruption Perception Index 2016” de Transparencia Internacional, dentro de los niveles de percepción de corrupción del sector público en 176 países (siendo el último el de mayor percepción de corrupción), nuestro país ocupe el puesto 101, conservando índices que se han mantenido casi inalterables entre el 2012 y el 2016. ¿Acaso no hemos sido capaces de revertir esta situación? Lo cierto es que estas cifras no son falsas, están ahí y nos demandan acciones concretas a todo nivel de Gobierno, a todo poder público o privado, y especialmente a todos los peruanos, con el fin de revertir la escabrosa sensación de impunidad que hoy nos agobia.

No por nada, según GFK, para inicios del presente año el 52% de la población urbano rural consideró que la corrupción es el principal problema del Perú, ocupando por ello el segundo lugar después de la delincuencia. Asimismo, el 74% considera que la corrupción se puede presentar en cualquier Gobierno, sin importar su tendencia ideológica, mientras que el 61% considera que la solución es tener un Gobierno de mano dura. Es más, según la Contraloría General de la República, la corrupción origina pérdidas al Estado por US$ 3,000 millones anuales.

Sin duda una de las aristas de este gran problema es la actuación del Sistema Nacional de Control. Resulta más que sorprendente que los escándalos de corrupción —por ejemplo, los de los gobiernos regionales y locales— no hayan sido observados por los órganos de control que conforman el Sistema Nacional de Control o por la Fiscalía de la Nación, sino —en muchos casos— por una denuncia personal o algún reportaje periodístico. Así, se puede evidenciar un Sistema de Control reactivo a las denuncias de prensa. La secuencia, en muchos casos se resume al siguiente trayecto: sale la nota periodística y al día siguiente tenemos una conferencia de prensa indicando que se van a ejecutar las acciones de control correspondientes para determinar los hechos y responsabilidades. ¿Esa es idea de nuestro sistema? Claramente no.

Una tarea sin duda pendiente en la lucha contra la corrupción es fortalecer este sistema. Sin embargo, las últimas medidas tomadas no se condicen con este fin. Un ejemplo concreto lo vimos con el Decreto Legislativo N° 1250, el cual dispuso —con una redacción confusa— que la Contraloría no efectuaría “control previo” a las Obras por Impuesto a nivel del Gobierno Nacional; y recientemente, en la aprobada Ley de Reconstrucción, vimos con mucho pesar que se quiso eliminar en ciertas obras el control posterior que debe efectuar, según ley, la Contraloría General de la República. En estos dos casos el Congreso de la República tuvo que intervenir, ejerciendo su función de control político sobre los actos del Gobierno, corrigiendo estas “impertinencias” del Poder Ejecutivo.

Finalmente, y en mayor grado de importancia, no estamos atacando los problemas de fondo que se vinculan con la corrupción. Nuestra sociedad obviamente enfrenta una crisis de valores y principios, en la que todos tenemos algún grado de responsabilidad. El corrupto y el corruptor son personas que carecen de valores y principios; y estos no se interiorizan en el colegio o la universidad, vienen desde la casa. Y todos los que ejercemos un rol de formación debemos contribuir con esta labor, enseñando a las futuras generaciones —nuestro más grande tesoro— la obligación de trascender en nuestras vidas con valores y principios, lo que implica necesariamente predicar con el ejemplo. Reflexionemos, ¿estamos haciendo algo al respecto?

Úrsula Letona