El dilema de la pena de muerte

En el Perú los temas son cíclicos; aunque hay que reconocer también que esto se debe a que, en la mayoría de los casos, las decisiones, no se toman. En el país se dejan un gran número de propuestas legislativas al aire, con las puertas abiertas, porque nadie las cierra. Uno de esos temas, es justamente la pena de muerte.

Un par de veces al año, un tema recurrente que es puesto sobre la mesa en el Congreso o dentro de los mismos medios es si debemos salir del Pacto de San José. Opiniones aparte, la realidad es que es muy improbable que ello suceda, guste o no. Por ende, debemos mantenernos dentro de los lineamientos que dicho tratado nos demanda, siendo uno de ellos que la pena de muerte no puede ser aplicada en más casos de los que se tipificaba al momento de celebrar dicho convenio internacional. 

Aún así, el constante crecimiento de la inseguridad en el país genera que dentro del pueblo se pidan medidas más radicales. Y dentro de estas siempre se encuentra la pena máxima. Sobre esto, debemos aclarar ciertos puntos.

Existe un grado de correlatividad entre la implementación de la pena de muerte con la disminución de la criminalidad. Un ejemplo de ello es el precedente de Singapur bajo el gobierno autoritario de Lee Kuan Yew, quien gobernó por 30 años. Ciertamente una de sus medidas más drásticas fue la implementación de la pena de muerte como condena de diversos delitos, como la violación, el asesinato o el tráfico de drogas.

No obstante, sería irrisorio pensar que fue este cambio normativo el que redujo los índices de criminalidad. Las principales razones por las cuales la criminalidad bajó fue por la mano dura impuesta por parte del líder singapurense. Aparte de esta medida punitiva, Lee Kuan Yew aplicó medidas tan controversiales como las de Bukele en El Salvador, limitando la presunción de inocencia y el debido proceso con el fin de acabar con las mafias y los crímenes. 

Por otro lado, si queremos comparar, existen también precedentes en los cuales tras derogar la pena de muerte los indices de criminalidad bajaron. Ejemplo de ello es Canadá, país en el cual se abolió la pena máxima a mediados de la década de los setenta. Y la tasa de asesinatos en la primera década del siglo XXI fue inferior a la mitad que en los setenta (Según Amnistía Internacional).

Con esto evidenciamos que no hay una certeza ciega de que la implementación de la pena de muerte reduzca tajantemente la delincuencia. Es más, si vemos a El Salvador, que es el país ejemplo en seguridad en la región para muchos, la pena de muerte no está contemplada, e igual arrasaron con las maras y la delincuencia.

Asimismo, debemos ser cautos. Hoy en día algunos legisladores quieren la pena de muerte para delitos como la extorisión o la violación, lo que es un sin sentido. Esto debido a que, como señala el jurista español Santiago Mir Puig, la función de la pena debe sincronizarse con el bien jurídico –o derechos– a proteger. En otras palabras, mientras más grave el delito, más grave es la pena. Por lo que, bajo esa premisa, la pena más severa debería ser para alguna modalidad de asesinato. Por lo que no se puede aplicar la pena máxima a quien viola o extorsiona, porque atenta con la proporcionalidad. Lo que podría conllevar, por ejemplo, a que un violador termine matando a su víctima, dado que así hay menos probabilidades que lo atrapen y porque la pena por homicidio es menor.