Destruyendo al Perú

Destruir la riqueza minera del Perú, por la que Raimondi nos presentaba como el “mendigo sentado en un banco de oro”,  es un viejo objetivo de la izquierda que el gobierno de Castillo ha acogido con entusiasmo. Su lema de “no más pobres en un país rico” se expresaría con mayor franqueza en un “no más ricos en un país pobre”, porque traduciría a cabalidad el igualitarismo destructivo que inspira la ideología comunista de Perú Libre que Vladimir Cerrón,  su Secretario General, hizo suya sin ambages. Con tozudez doctrinaria ignoran que, gestionada por un gobierno competente y honesto, la riqueza es la única fuente capaz de hacer que los pobres dejen de serlo.  

Así fue demostrado por la notable reducción de la pobreza que se logró al amparo del régimen económico de la Constitución de 1993. De ahí que sea tan absurdo que el Presidente Castillo y Perú Libre pretendan acabar con esa Constitución para imponer una normativa plurinacional y socialista, como la que implantó en Bolivia el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, principal agente del castrochavismo en nuestro país y esta parte de Sudamérica.  Sus permanentes intromisiones en la política interna del Perú no sólo son toleradas y justificadas por diferentes voceros del gobierno castillista, sino también visiblemente solicitadas por quienes tienen la responsabilidad de administrar y gestionar el Estado.  

Escoger como Premier a Mirtha Vásquez, lideresa de la ONG antiminera GRUFIDES (responsable del fracaso de Tambogrande en Piura y Conga en Cajamarca) ilustra claramente la insensata política de hostilidad hacia la minería del gobierno de Perú Libre. No se trata solo de posiciones políticas como las formuladas en el discurso que pronunció en Ayacucho declarando el cierre de cuatro minas y replanteando el criterio obsoleto de las  “cabeceras de cuenca”.  Se trata de la condenable permisividad gubernamental que legitima la protesta violenta y criminal de ataques típicamente senderistas, como el de Apumayo, o los innumerables bloqueos de las carreteras por las que se transporta la producción a los puertos que la exportan a los mercados externos, sin importar que se trate de una empresa estatal de aliados como el gobierno chino, que es titular de la concesión minera de Las Bambas, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo y en un momento en el que los precios internacionales de ese mineral alcanzan cifras sin precedentes. 

En este contexto el MEF insiste en elevar la tributación para financiar la distribución de subsidios y bonos  indisimuladamente populistas, cuando los desaciertos crecientes del gobierno deprimen las inversiones y aceleran la salida de capitales aparejada del cierre de operaciones empresariales en el país. Un clima creciente de desconfianza y pesimismo embarga a los peruanos que observan con espanto la alocada conducción de la administración pública en manos de personas incompetentes, oscuras y poco escrupulosas en el desempeño de sus funciones. 

Con el enorme potencial de crecimiento del Perú parece obvio que cualquier gobierno bien intencionado podría encaminarlo hacia un progreso acelerado. Preguntémonos entonces ¿por qué vamos en sentido inverso? ¿Es solo por incapacidad de gestión, o es que existe algún designio perverso que nos empuja intencionalmente hacia el precipicio? ¿Es tan aventurada la hipótesis de una conspiración con fines políticos que podría trascender el ámbito nacional?

Temores tan extremos  sólo pueden ser esbozados como preguntas “prenavideñas” orientadas por el deseo de propiciar una reflexión colectiva que nos permita reencauzar nuestro destino antes que sea demasiado tarde.