La Amazonía se protege con derechos de propiedad

En su visita a Madre Dios, el papa Francisco sacudió al Perú oficial, limeño, y a los medios de comunicación, extremadamente interesados en la supuesta guerra de los Fujimori mientras se olvidan los calvarios del Perú profundo. El Papa denunció que “la Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro ….”. Luego enfiló contra la minería ilegal, la tala ilegal y convocó a un Sínodo para la Amazonía en el 2019. El Papa, entonces, pretendió presentar un borrador de la doctrina social de la Iglesia para la Amazonía.

En cualquier caso, el Papa y la Iglesia Católica deberían entender que la Amazonía es un territorio que de ninguna manera se puede sustraer al poderoso proceso de globalización planetaria. ¿Cómo podría suceder algo así? Una apuesta de ese tipo se entiende para determinadas ONG que basan su financiamiento en proyectos idílicos que pretenden convertir a los pueblos indígenas —hoy absolutamente globalizados— en caricaturas parecidas a la película Avatar. Al respecto, el economista Hernando de Soto ha demostrado, con sendas investigaciones, cómo los pueblos indígenas participan de la economía de mercado, pero de manera informal.

No es que las comunidades nativas rechacen las inversiones en petróleo, gas y minería, sino que carecen de los derechos de propiedad para hacer valer sus prerrogativas; sobre todo frente al Estado, que otorga las concesiones. La idea de que los pueblos indígenas se oponen a las inversiones es el eterno cuento de las ONG de izquierda para desarrollar sus estrategias de financiamiento. En Madre de Dios, por ejemplo, en la comunidad de San José existen acuerdos con cada minero informal para que ellos paguen S/ 10,000 por explotar el territorio. Igualmente se sabe que las comunidades de Coximba, Barranco Chico, Puerto Luz, Boca Inambiri, Tres Islas, San Jacinto y El Pilar, entre otras, desarrollan contratos con los mineros informales para explotar oro.

Asimismo, en la Amazonía peruana se han deforestado cerca de diez millones de hectáreas, sobre todo por los migrantes de la sierra; pero también con participación de los pueblos indígenas que igualmente desarrollan contratos informales con los taladores ilegales. La ausencia de derechos de propiedad, por ejemplo, impide que esos diez millones de hectáreas sean reforestadas a través de la multiplicación de concesiones forestales, que agregarían bosques y oxígeno a nuestra Amazonía.

La única manera entonces de proteger a los 333,000 nativos —registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007—, a la cultura de los pueblos indígenas, al medio ambiente y a la riqueza ecológica es convirtiendo a la Amazonía en el paraíso de los derechos de propiedad y los contratos formales. Es decir, que el sistema de derechos que protege el Estado llegue al rincón más alejado de la selva peruana.

¿Un sueño imposible? ¿Por qué? Si las Naciones Unidas, los organismos internacionales y el próximo Sínodo sobre la Amazonía arribaran a la conclusión de que nadie puede detener la globalización de la Amazonía, impulsada por los propios pueblos indígenas, el mundo, en vez de detener el capitalismo, sumaría esfuerzos para desarrollar el buen capitalismo, ese que se implementa con derechos de propiedad, con las mejores leyes y estándares ambientales y que, sobre todo, beneficiaría a los pueblos nativos sumidos en la extrema pobreza.

A contracorriente de todo el humor que desarrollan las ONG izquierdistas —ávidas de financiamiento al margen de cualquier apuesta por el desarrollo—, el mercado y los derechos de propiedad, antes que el problema, representan la verdadera solución para la Amazonía.