El Estado debe proteger a los ciudadanos honestos

El cinismo fariseico y la pose antes que el resultado —impropiamente rebautizados como “corrección política”— son fruto de un parto programado de un neolenguaje relativista desarrollado por marxistas y fascistas (gemelos no idénticos) para destruir la historia y el conocimiento y remplazarlos interesadamente por esa fábula que llaman “conciencia histórica”. Un intento de desdoblar la verdad atribuyéndole falsamente la posibilidad de existir en dos bandos antagónicos.

En la currícula educativa, aprovechando la proliferación deliberada de los enemigos de la libertad en el magisterio y la academia, se está haciendo desaparecer lentamente la enseñanza de historia del Perú y de historia universal, fusionándolas con otras ramas del conocimiento en un curso. Esto ha dejado un vacío de conocimiento perfecto para ser cubierto por la leyenda. Particular atención han puesto en suprimir los hechos más cercanos en la historia, como el ataque artero y sangriento del marxismo-maoísta del “Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de Mariategui”, y lo han hecho delante de la narices de las vacas sagradas de la educación (con la mas que probable complicidad de alguno).

Nadie racional es ajeno al nefasto resultado de la aplicación de la mal llamada corrección política a la gestión de la seguridad ciudadana. Está claro que un grupo de personas de similar extracción, expuestas al mismo entorno, no evolucionarán de la misma manera, y solo algunos se sentirán inclinados al accionar delictivo. Una comprobación estadística que echa por tierra el fundamento de la leyenda de la culpa social difundida interesadamente a partir de los años sesenta del siglo pasado.

El Ministerio del Interior ha estado por mucho tiempo gestionado por personas convencidas de la equivalencia de derechos entre el ciudadano honesto cumplidor de las leyes, que posibilita con su aporte la existencia del Estado, y el delincuente que ejerce la violencia real o como amenaza. A fuerza de cátedra capturada, han conseguido deliberadamente arrastrar consigo a un sector del Poder Judicial, a la propia policía y a la prensa. Para ello inventaron la falaz “culpa social difusa” y ese concepto gelatinoso de “violencia estructural”, que en nada se asemeja a las tan reales bala, pedrada, palazo o cuchillada.

La primera y principal razón para la existencia del Estado es la protección de sus ciudadanos honestos, la protección de su vida, su integridad y el patrimonio obtenido por estos mediante el esfuerzo propio o de sus antecesores; un concepto que extendido constituye además la obligación de preocuparse de la defensa nacional. El agresor, por el solo hecho de serlo, se coloca a sí mismo y a sus derechos en posición subsidiaria a la integridad y los derechos de los ciudadanos honestos, del mismo modo que el agresor bélico externo lo hace frente al bienestar y soberanía ciudadanos. Es cuando este concepto esencial se relaja, víctima del “buenismo” cultural, que las naciones y sus ciudadanos acaban cayendo en las garras del crimen y las dictaduras más infames.

La legislación y la ejecución policial, judicial y carcelaria deben desandar el camino errado de la equiparación del delincuente a la víctima, la facilista e ineficiente despenalización y la reducción de la pena por quítame estas pajas. Todo delito, por baja que sea la cuantía, debe ser sancionado. Para ello hace falta multiplicar la capacidad de alojamiento penal de poca peligrosidad y los centros de trabajo civil. Deben exitir los necesarios para cumplir la función de prevenir la reincidencia y la evolución criminal. En paralelo, en adecuación a la realidad contemporánea, debe reducirse la edad para imputación de delitos violentos deliberados como el homicidio, la violación, el asalto, la extorsión y el secuestro