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Machu Picchu, uno de los patrimonios arqueológicos de la humanidad y una de las maravillas del mundo, podría perder esta última condición si es que el Estado peruano, el Estado de derecho como tal, no restablece el imperio de la Constitución y la ley en la administración del mencionado complejo turístico mundial. La semana pasada la organización mundial New7Wonders alertó sobre el posible retiro de Machu Picchu de la lista de las siete maravillas del planeta por los conflictos entre la empresa saliente y la entrante en el transporte desde Aguas Calientes hasta el complejo turístico.
La imagen de miles de turistas varados, muchos de ellos estafados, víctimas de abusos y delitos volvía insostenible la situación. Luego del bloqueo respectivo de la vía –como si se tratara de detener la producción de una mina– se volvió a la normalidad. Sin embargo, la advertencia de New7Wonders ya estaba planteada: la falta de Estado de derecho, la falta de ley y principio de autoridad hacían insostenible el futuro de Machu Picchu como una de las maravillas turísticas del planeta. El Canciller Elmer Schialer tuvo una frase aleccionadora: “No podemos tener de rehén a Machu Picchu”.
En la gestión Machu Picchu encontramos una de las mayores manifestaciones del Estado burocrático, de las sobrerregulaciones que empiezan a destruir y empobrecer al país: ministerios, gobiernos regionales, municipios y organismos autónomos participan en la administración generando irregularidades e, incluso, corrupción. Desde los tickets que están parcelados en grupos de poder y presión (no forman parte de un sistema mundial digitalizado) hasta los medios de transporte que pueden ser bloqueados por determinadas interpretaciones. Ante esta situación el Estado, el gobierno o el próximo gobierno debe crear en el acto una autoridad nacional dependiente del gobierno central encargada de manejar la situación hasta que se produzcan las reformas y el desarrollo de una política estatal en el turismo.
En cualquier caso, la lamentable situación de Machu Picchu es una instantánea reveladora de la falta de una política de Estado en el turismo nacional, una política nacional que debería llevarnos a convertirnos en uno de los líderes mundiales en esta actividad. Como ya todos sabemos el Perú es un país emplazado en América del Sur que cuenta con una cultura milenaria, a diferencia de los demás países de esta área. Por ejemplo, a pesar de tener Machu Picchu y las Líneas de Nazca, para el 2025 el país apenas se propuso superar los 4.4 millones de turistas.
Para entender la magnitud de las cosas, Francia, el primer destino turístico mundial del planeta, tuvo más de 100 millones de turistas, España alcanzó los 94 millones, Estados Unidos 72 millones y México alrededor de 46 millones.
¿Cómo es posible que el Perú ni siquiera llegue a los 10 millones? El Perú tiene a Caral, una de las civilizaciones más antiguas de América; tiene a las Líneas de Nazca, al propio Machu Picchu, el Lago Titicaca, la Amazonía, y otros lugares en el sur y en el norte que lo convierten en lugar incomparable para el turismo mundial. ¿Cuál es el problema? La falta de una política de Estado, la falta de una centralización de las políticas y la existencia de una maraña institucional que ha construido la fallida centralización del Perú.
A estos hechos hay que sumarle la falta de una política estatal de construcción y solución de los problemas de infraestructuras: aeropuertos, puertos, carreteras, trenes, red de hoteles y sistemas de ofertas que ofrezcan circuitos de turismo integrales.
Una de las cosas más graves de esta situación es que la falta de una política de Estado para el turismo afecta, principalmente, a las comunidades y poblaciones en estado de pobreza y con grandes niveles de exclusión; áreas que se ubican cerca de los complejos turísticos. Como se ve el turismo tiene un enorme potencial para reducir la pobreza en el país y empujarnos hacia el camino al desarrollo.
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