Las bancadas del Legislativo podrían comenzar a desliza...
A nuestro entender el sector agrario se ha convertido en un campo de batalla ideológica que definirá el futuro de una nueva ola de reformas en el país. Por ejemplo, las izquierdas y las corrientes del progresismo consciente apuntaron a derogar la anterior Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), no solo porque se oponían una intensa capitalización del campo, sino, sobre todo, por el devastador temor que tenían ante la posibilidad de que el modelo agrario se convirtiera en el modelo para la reforma de toda la economía nacional.
Imagínense ustedes: si la agricultura tenía tasas de crecimientos anuales sobre los dos dígitos, incluso superiores a las tasas de crecimiento de China en su mejor época, ¿cómo así no iba a surgir una ola que presione para extender el sistema tributario y laboral del agro a toda la economía? De allí que el progresismo consciente, en alianza con el comunismo ortodoxo, se propusiera derogar la ley de promoción anterior. Lo logró a través del gobierno provisional de Francisco Sagasti.
Felizmente, el Congreso acaba de aprobar un sistema tributario promocional para el agro y los resultados se comenzarán a observar. Sin embargo, la legislación laboral que implementaron las izquierdas con la Ley 31110, que derogó el sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, sigue vigente.
¿A qué nos referimos? La nueva normatividad crea el bono extraordinario para el trabajador agrario (BETA) que establece una bonificación sobre el salario agrario del 30% de la remuneración mínima vital. Es difícil entender qué pudo llevar a los sectores del progresismo consciente a aprobar este tipo de legislación, más allá de los asuntos ideológicos.
Las empresas agrarias solían destinar el 50% o el 60% de los costos totales de producción a contratar trabajadores. La ley de Promoción Agraria derogada era una que fomentaba abiertamente el empleo masivo, la contratación masiva de trabajadores, antes que la llamada “maquinización” –compra de maquinaria que reemplace a los trabajadores– de las empresas. El modelo se basaba en la flexibilidad de los contratos de trabajo, tal como sucede en todas las economías desarrolladas que han alcanzado el pleno empleo y también acaece en los mercados emergentes del Perú, que proveen el 80% del empleo nacional; pero de manera informal, precisamente, por falta de flexibilidad laboral.
Algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por temporada de siembra, cosecha y mantenimiento. Todo eso se ha comenzado a perder con el despropósito del salario BETA. Hoy se ha comenzado a perder entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales porque las empresas modernas han comenzado a invertir en maquinaria y tecnología con el objeto de reemplazar la contratación masiva de empleo.
Como se aprecia, el progresismo consciente y el colectivismo ortodoxo prefieren perpetuar la pobreza antes que crear empleo masivo. En el 2004, por ejemplo, existían 460,000 empleos formales (entre directos e indirectos) y antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria se llegó a contar con 1.5 millones de empleos formales.
La derogatoria del sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo en el agro también se hizo promoviendo la formación de sindicatos y federaciones de trabajadores con el objeto de fomentar las negociaciones por ramas.
La izquierda sueña con un agro sindicalizado y columnas de obreros agrarios marchando hacia la formación de soviets y la toma del poder. Un verdadero delirio ideológico que ignora que el primer deber de todo político es luchar en contra de la pobreza y la exclusión de los trabajadores. Con la caída del empleo formal y el aumento de la informalidad laboral hasta casi el 90% en todo el sector se consigue todo lo contrario.
Por todas estas consideraciones la eliminación del BETA y el restablecimiento de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo volverá a disparar el empleo formal en el agro y el proceso se convertirá en el modelo de toda la reforma laboral en el Perú.
COMENTARIOS