Las bancadas del Legislativo podrían comenzar a desliza...
Una de las cosas más interesantes del debate económico sobre el régimen promocional tributario del sector agrario, que aprobó el Congreso, es que un sector de economistas de buena voluntad se opuso a trasladar recursos del Estado burocrático al sector privado con el argumento de que las exoneraciones a determinados sectores de la economía crean mercantilismos. No se trataba de reeditar los evidentes fracasos de las zonas francas, sino de recuperar un sistema promocional que ha llevado al Perú a ubicarse entre las diez potencias agroexportadoras del planeta utilizando apenas un 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. Un sector que incluso creció a tasas más altas que la China cuando el gigante asiático estaba en su apogeo.
Para oponerse al régimen promocional agrario se invocaban textos de reputados economistas que han señalado los peligros de que el Estado y los políticos elijan ganadores en la economía al margen del mercado y la libre asignación de los recursos económicos. Sin embargo, ninguno de esos textos habla de la posibilidad de transferir recursos a un sector –como el agrario– con el objeto de multiplicar la inversión y la reinversión enfrente de un Estado burocrático que consume casi un tercio de un PBI de aproximadamente más de US$ 300,000 millones.
En cualquier caso, es curioso y muy singular observar a los llamados sectores del progresismo consciente –que han construido todas las narrativas y fábulas creadoras del Estado burocrático– convertirse en temibles defensores de la estabilidad fiscal cuando se trata de transferir recursos de la burocracia a un sector privado que, en las últimas dos décadas, construyó un verdadero milagro económico.
La validación económica y social de un régimen promocional en el agro en las últimas dos décadas –a través de la derogada Ley de Promoción Agraria pasada– que creó el milagro agroexportador, multiplicó el empleo formal e incrementó la recaudación tributaria en más de S/ 7,000 millones no fue un argumento convincente. ¿Qué significó esta manera de organizarse el debate? ¿Por qué no podía existir un consenso técnico e ideológico alrededor del relanzamiento de un sector clave para erradicar la pobreza en el país?
A nuestro entender la existencia de un Estado burocrático no solo significa más gasto estatal e incremento del gasto corriente; no solo significa multiplicación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones, sino también una ofensiva ideológica y cultural sobre la relación entre el Estado y el sector privado. ¿A qué nos referimos? De pronto todos los que pretendemos organizar una economía responsable nos vemos preocupados en extremo por la trayectoria fiscal del país.
El Estado burocrático, por su propia naturaleza, tiende a seguir creciendo, a seguir devorando la riqueza del sector privado para empoderar a una burocracia que pasa a ser definida como la fuente de las cosas buenas y la redistribución de la riqueza. El crecimiento del Estado burocrático tiene su contraparte en la inevitable reducción del sector privado.
Pero las cosas no quedan allí. Como el Estado burocrático es fuente permanente de déficit fiscal estructural ninguna recaudación será suficiente para alimentar el ogro filantrópico, a la planilla que se engrosa cada día. En ese contexto, surge la propuesta del aumento de impuestos para salvar la estabilidad fiscal de la economía.
En otras palabras, el Estado burocrático reduce el tamaño del sector privado y la inversión de las empresas, y todo el poder y se traslada a la burocracia. De esa manera, sin violencia, sin ganar elecciones, se puede desarrollar una vía amable hacia el socialismo, incluso defendiendo la estabilidad fiscal. Pero como todo socialismo, la vía del Estado burocrático se convierte en una fábrica de pobreza más.
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