Francia ante las consecuencias del multiculturalismo y el internacionalismo

Francia se encuentra en un momento límite de su historia y se enfrenta ante una cuestión más que incómoda: ¿Está esta nación en proceso paulatino de desintegración cultural? Las manifestaciones del pasado 17 de octubre que se originaron supuestamente en base a condiciones de carestías educativas y sociales que reunieron a más de medio millón de personas según el Ministerio del Interior de Francia; sin embargo, como el mundo fue testigo, estas degeneraron en saqueos, incendios, ataques a la autoridad y destrucción de propiedad pública y privada, un caos total. Episodios como el de la reducción a cenizas del Ayuntamiento Limoges y la vandalización del busto de Marianne o ver la invasión de grandes negocios como el de Rolex o Louis Vuitton condensan la gravedad y significado del episodio. La Fiscalía aperturó una investigación por destrucción mediante medios peligrosos en banda organizada. El Gobierno de Emmanuel Macron señaló explícitamente como responsables a la extrema izquierda y grupos delincuenciales. Razón no le falta, pero este desastre coyuntural no responde a un escenario fortuito y pasajero, las aristas que ayudan a entender esta batahola son más profundas, pero sustancialmente visibles.

En las movilizaciones se documentaron banderas palestinas, argelinas y de otros países del África, todo esto junto con símbolos de organizaciones de izquierda. Si bien es cierto, no podemos afirmar a rajatabla que la gran mayoría de manifestantes eran extranjeros, episodios como estos abren el debate sobre temas como la masiva inmigración que Francia y Europa en general han experimentado en los últimos tiempos. Según estimaciones provisionales del INSEE, Francia albergaba en 2025 a 7.97 millones de inmigrantes, equivalentes al 11.6% de su población; 3.92 millones habían nacido en África, el 49.2% del total de inmigrantes. Además, durante 2024 llegaron al país 313,200 nuevos inmigrantes, de los cuales 143,700 procedían de África. Estas cifras describen una realidad demográfica fáctica; precisamente por su magnitud, exige discutir seriamente la capacidad de integración, las condiciones de admisión y los deberes de pertenencia.

El adversario real e intelectual que ha alimentado estas oleadas migratorias sin control es un multiculturalismo irresponsable que ha dejado de entender la integración como una obligación y ha transformado cualquier exigencia de adaptación en supuestas agresiones. Podemos esbozar la idea mediante una metáfora: “Una nación no es un hotel cuyos huéspedes pueden desconocer las reglas de convivencia”. Esta tiene historia, lengua, instituciones y obligaciones recíprocas. Quien solicita incorporarse a ella debe encontrar derechos, pero también deberes. Ninguna costumbre externa o importada merece o puede prevalecer sobre la ley común. Francia, como Estado y nación, tiene el pleno derecho a exigir que quienes se establezcan en su territorio respeten sus leyes, aprendan su idioma y reconozcan sus instituciones. La hospitalidad que uno pueda proporcionar no obliga a renunciar a la continuidad histórica, ni la “diversidad” y el relativismo moral y cultural pueden convertirse en excusas para prescindir de normas comunes.

Aquí fracasa, también, el liberalismo internacional ingenuo, esa cultura política globalista que imagina al individuo como un ciudadano del mundo desligado de toda historia, patria, tradición y lealtad concreta. Bajo el lenguaje de los derechos universales, organismos internacionales y agendas como la 2030 suelen promover una homogeneización social que desconoce una realidad elemental: las civilizaciones no son intercambiables ni las culturas pueden convivir indefinidamente sin una identidad común que ordene sus diferencias. No basta con ofrecer consumo, prestaciones y procedimientos burocráticos; una nación necesita formar ciudadanos vinculados a sus raíces en su sentido amplio.

La respuesta ante toda esta debacle debe abandonar el sentimentalismo de las puertas abiertas mediante admisiones legales, verificables y ajustadas a la capacidad de integración no sólo de Francia, sino de todo Europa; control fronterizo, lucha contra traficantes y ejecución de retornos conforme a derecho. El pacto europeo aplicable desde junio establece registros y verificaciones obligatorias para llegadas irregulares. Ahora corresponde exigir cumplimiento. Aprobar normas sin hacer que sean efectivas en la realidad no recupera la soberanía de un Estado. La compatibilidad cultural importa y debe exigirse por medio de compromisos comprobables: aprender el idioma, respetar la igualdad jurídica, aceptar la libertad religiosa y rechazar la violencia. Francia ya incorpora exámenes cívicos en determinados procedimientos migratorios y de naturalización. Esa exigencia debe traducirse en una pertenencia real.

Samuel Huntington advirtió que, tras las grandes confrontaciones ideológicas del siglo XX, los conflictos decisivos se producirían crecientemente entre civilizaciones y sus concepciones divergentes del orden, la religión, la autoridad y la vida común. Francia demuestra, hasta cierto punto, que su advertencia no era una ficción: una civilización que niega sus fronteras, relativiza su cultura y deja de transmitir su memoria prepara las condiciones para su propia disolución. Francia debe elegir si seguirá administrando su propio deterioro en nombre de una tolerancia abstracta o si recuperará la autoridad necesaria para defender su identidad y su futuro.