Una reconstrucción demasiado lenta

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha recibido duras críticas por la lentitud de la Reconstrucción con Cambios (RCC) que se desarrolla en el norte del país. De un presupuesto total de S/ 25,000 millones solo se ha gastado S/ 4,623 millones. Es decir, el 18% del total asignado. La oposición, por su lado, extremando el celo opositor, incluso duda de las mencionadas cifras. Los sectores más pobres, afectados por El Niño costero, pagan los platos rotos.

Todo indica que en el Ejecutivo no existe claridad sobre cómo relanzar la RCC. Para Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN, los retrasos en la reconstrucción desvelan la incapacidad del Estado en sus niveles de Gobierno central, regional y local. Señala que la administración Vizcarra, en base a criterios estrictamente políticos, cambió el modelo anterior —que concentraba el 75% de las obras en el Gobierno central— por uno en que los gobiernos locales se encargaban del 45% de las inversiones, las regiones del 5% y el Gobierno central del otro 50%. Los resultados están a la vista. Se buscaba mayor protagonismo de las autoridades del Ejecutivo, pero los retrasos aumentaron por la ineficiencia y la falta de criterios técnicos en los gobiernos locales.

En esta situación es evidente también la responsabilidad del Congreso, que “desempaquetó las obras de la reconstrucción” —según señala Prialé— y las trasladó a los niveles local y regional, obviando la falta de capacidad técnica de los gobiernos subnacionales y la tendencia de las autoridades locales a utilizar políticamente la inversión pública. Considerando que el país ya ha ingresado a un año electoral y que nuevas autoridades subnacionales asumirán en regiones y municipios el próximo año, las cosas se complican en extremo para acelerar el gasto público con eficiencia, señala Prialé.

Si a estos hechos le sumamos que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es un organismo sin mayor poder político —que debe sortear las tensiones entre los propios ministerios del Ejecutivo, los problemas de los portafolios con los gobiernos regionales y locales y los diferendos entre los propios gobiernos subnacionales—, entonces tenemos una clara idea del porqué de los retrasos. En este contexto, cualquier intento de simplificar trámites y abreviar procedimientos siempre será insuficiente.

De otro lado, la Contraloría ha detectado, en Piura, irregularidades en la contratación de más de S/ 2 millones para rehabilitar el Centro de Abastecimiento Agua Bayóvar (Sechura, Piura), obra licitada por el Gobierno Regional de Piura. Asimismo, en una obra valorizada en más de S/ 9 millones, para rehabilitar las pistas en el Asentamiento Humano Micaela Bastidas, la Contraloría ha detectado el incumplimiento de los “requerimientos técnicos mínimos”. Es decir, todo parece sumarse para lentificar la reconstrucción.

Ante la ineficacia del Estado y la burocracia, y el excesivo protagonismo de las autoridades locales, al presidente Vizcarra no le queda otra que convocar al sector privado y hacer lo que en un primer instante se planteó: la ejecución de un paquete de obras mediante los mecanismos Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privados (APP). Con esta modalidad de inversión, que convoca al sector privado, ya se hubiesen resuelto gran parte de las urgencias que demanda la reconstrucción.

Mientras el premier Villanueva anuncia en el Congreso los detalles de las obras de Reconstrucción —cifras observadas por la oposición porque no corresponderían a lo gastado hasta el momento— los pobladores de Piura siguen consumiendo agua que no es potable y pagando precios elevados en los bienes de consumo por la falta de carreteras reconstruidas y mayor conectividad. Todo es extraño.

La reconstrucción del norte pudo haber sido la oportunidad que esperaba el Gobierno para conectarse firmemente con la población. No obstante, un importante sector de los damnificados todavía ocupa viviendas temporales, los servicios de agua y alcantarillado no están restablecidos plenamente, los canales de regadío siguen colapsados —perjudicando enormemente a los pequeños agricultores— y las escuelas y establecimientos de salud no están siendo rehabilitados con la urgencia que se merecen.