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Todas las guerras contra la corrupción

Política

Todas las guerras contra la corrupción

2 de Marzo del 2017

La libertad es el mejor antídoto contra este flagelo

El Perú está remecido por las denuncias del caso Lava Jato, que afectan a la mayoría de la clase política posnoventa e incluyen la posibilidad de que más de un ex jefe de Estado sea investigado, procesado y sentenciado. Sin embargo el shock político nacional ha llevado a movilizar a diversos sectores sociales en busca de alternativas para seguir enfrentando este mal, endémico desde nuestra fundación republicana.

Por ejemplo, el Seminario Internacional “Corrupción y Estado de Derecho”, que se desarrolló los días 22,23 y 24 de febrero con la participación destacada del juez federal de Brasil Sergio Moro, quien lidera las investigaciones del caso Lava Jato, es un claro esfuerzo en ese sentido. Creemos que el debate al respecto se multiplicará y que nuestra democracia e instituciones gozan de la suficiente masa crítica para producir las reformas institucionales necesarias para superar este momento y regenerar a la clase política.

Sin embargo es necesario plantear algunos criterios que deberían formar parte de un consenso para enfrentar la situación. Una primera aproximación pasa por reconocer que la democracia es el único sistema que, por su contrapeso de poderes y la limitación del poder, puede combatir eficazmente la corrupción. Imaginar salidas autoritarias que limiten libertades para enfrentar la corrupción sistémica puede ser una tentación; pero tal como nos enseña nuestra propia experiencia, esas salidas son el mejor aliado de la corrupción.

Una segunda idea tiene que ver con la premisa de que la libertad económica es el antídoto más eficaz en contra de la corrupción, según lo demuestran todos los rankings internacionales. Si se toma en cuenta, por ejemplo, el Índice de Corrupción que prepara Transparencia Internacional y el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage es fácil percatarse de que los países menos corruptos son los que gozan de más libertad económica. De allí que Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Chile, Irlanda, Estonia y Reino Unido, las economías más libres del planeta, sean los países menos corruptos.

Sobre estas premisas deberían plantearse todas las iniciativas de reformas del Poder Judicial y las demás instituciones que forman el sistema de justicia; y por supuesto, también las reformas en el Estado vinculadas a la obra pública y las asociaciones público privadas (APP). Así como se discuten propuestas sobre qué hacer con la Judicatura, nos parece fundamental insistir en que la falta de regulación y las sobrerregulaciones estatales están entre las causas que ha permitido que la corrupción prospere en los últimos quince años (la megacorrupción de los noventa tiene una explicación diferente).

Los errores en las APP, por ejemplo, han paralizado casi la mitad de los US$ 18,OOO millones que el gobierno se había propuesto destrabar en obras de infraestructura. El hecho de aprobar una APP sin necesidad de que los Estudios Definitivos de Ingeniería (IDE) estén avanzados en más de un 50%, por ejemplo, explica en gran parte que un proyecto empiece con un monto de inversión y el costo se termine triplicando al final de la obra. Aquí falta regular para que las inevitables adendas no terminen inflando los costos, bajo discrecionalidad de los políticos y funcionarios.

Igualmente el hecho de que las inevitables expropiaciones para desarrollar una obra con continuidad espacial se demoren hasta las calendas griegas también incrementa el margen de acción de la corrupción. Ni qué decir de las demoras en los permisos que el Estado otorga a través de los ministerios, los gobiernos regionales y locales para una determinada APP. Si se exigiera un IDE avanzado, si se liberara los predios y se otorgaran todos los permisos antes de aprobar una APP, de una u otra manera, se habría arrinconado a la corrupción.

Luchar contra la corrupción, pues, implica varias guerras. La guerra ideológica contra los estatismos que pretenden utilizar esta situación para embestir contra el libre mercado, la guerra por las reformas de la Judicatura y las instituciones vinculadas al sistema de justicia, y la guerra para reformar los procedimientos y, sobre todo, desregular el Estado burocrático que ha surgido en los últimos quince años, no obstante todos los acuerdos de comercio que el Perú ha firmado.