Tía María y el Corredor Minero del Sur

El radicalismo antiminero ha focalizado su estrategia en el llamado Corredor Minero del Sur, área que comprende las inversiones en Cusco, Apurímac y Arequipa, principalmente, y en donde se produce más del 50% del cobre nacional. De una u otra manera, el futuro de este corredor productivo tiene mucho que ver con la ejecución del proyecto Tía María en Arequipa.

En los distritos de Chamaca, Livitaca y Velille, de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), por ejemplo, la población está literalmente corriendo a los activistas antimineros. Recientemente las autoridades de Chamaca han firmado acuerdos con la empresa minera por más S/ 3.5 millones para ejecutar una serie de obras consensuadas con los presidentes de todas las comunidades campesinas de la llamada zona de influencia minera. Es más, meses atrás, en varias oportunidades, los mismos pobladores desenmascararon a los autodenominados dirigentes de federaciones y se opusieron a las “medidas de fuerza” que intentaban imponer: paros y manifestaciones violentas. Incluso rechazaron formar parte de un plan de invasión de territorios de supuestos mineros artesanales, con la finalidad de crear conflictos y enfrentamientos con la minera Hudbay.

La presencia antiminera no debe ser razón de desaliento. La cartera de inversiones mineras peruanas alcanza los US$ 58,507 millones, la mayor parte de ellos detenidos o postergados por razones conocidas. Por un lado la tramitología nacional, que todavía lo sigue deteniendo todo, y por el otro la conflictividad social generada por la abierta e intensa actividad del extremismo de izquierda, bien organizada y financiada. El reto es unificar los esfuerzos del Estado, de las mineras y de la población en favor de las inversiones que han logrado reducir la pobreza como nunca antes en el Perú, del 60% al 20% en 15 años. Inversiones que han arrinconado al desempleo en las zonas mineras, creando numerosos nuevos puestos de trabajo formal y directo. Además, los puestos indirectos (siete por cada directo) están relacionados con iniciativas familiares que se multiplican, creando empresas proveedoras de bienes y servicios a las mineras.

En el Perú están identificados 49 proyectos mineros en 17 regiones del país. Si el Ejecutivo decide ser parte del entusiasmo de la inversión privada, esos proyectos se pueden ejecutar en los próximos diez años. Con una decisión política firme, sin retrocesos, en este 2018 se puede invertir US$ 10,000 millones en proyectos mineros que ya se encuentran en camino: Mina Justa (US$ 1,348 millones), Quellaveco (US$ 4,882 millones) y la ampliación de Toromocho (US$ 1,300 millones). Con esto, las inversiones en el sector minero crecerían en 16.4% respecto al 2017. La tasa más alta desde el 2011.

Este año, el proyecto Tía María debe obtener la licencia de construcción de la mina. Esa decisión significará el retorno de las grandes inversiones mineras al Perú y el relanzamiento del Corredor Minero del Sur. Según fuentes de la minera Southern, en la provincia de Cocachacra un 60% de la población apoya el proyecto minero; en Punta de Bombón, el 50%; y en Deán Valdivia, solo el 30%. Lo que significa que todavía existe la necesidad de un gran esfuerzo para difundir las ventajas de la minería moderna y responsable en el desarrollo de las comunidades andinas.

El llamado corredor minero del sur es el blanco del movimiento antiminero. Diversas ONG —como Cooperacción, vinculada a Oxfam— constantemente organizan eventos para desacreditar a las inversiones mineras del sur. Tiene entre ceja y ceja a Las Bambas. Pero la intención claramente antiminera no va por el lado de arrinconar a la pobreza, el desempleo y la anemia, menos generar desarrollo, tampoco cuidar los ecosistemas. El propósito de las ONG seudo ambientalistas es detener las actividades mineras para favorecer a los traders internacionales que controlan los precios de los commodities.