Sin acuerdos no hay reformas

Algunos sectores políticos consideran que fomentar la confrontación Ejecutivo versus Legislativo favorecerá la reforma del sistema de justicia que el Perú reclama con urgencia, luego de haberse desvelado la corrupción judicial. Este razonamiento se ancla en la idea de que en el Congreso no existe voluntad reformista. Más allá de los incuestionables yerros de la mayoría legislativa, a estas alturas parece imposible una voluntad suicida que se enfrente a las demandas nacionales prorreformas. Hasta el momento las instituciones han reaccionado frente al clamor ciudadano: se ha destituido a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se ha procedido a acusar constitucionalmente a magistrados supremos y se ha detenido a todos los magistrados e implicados en el tráfico de influencias. No parece haber nada que abone a la tesis acerca de que en el Legislativo puede desarrollarse una voluntad anti reformista.

¿En qué podría terminar una nueva confrontación Ejecutivo versus Legislativo? En que la tensión institucional finalmente desemboque en un cierre del Congreso y el adelanto electoral. Algunos dicen que ya no deberíamos mencionar el tema porque ahora las cosas están encaminadas, pero unas semanas atrás, con la primera oleada de audios que reveló la corrupción, ciertos sectores alentaban —sin sonrojarse— el desborde de masas y el adelanto electoral. Es más, esta estrategia tenía en los intelectuales de la izquierda y los políticos antisistema a sus principales teóricos: sostenían que había que recurrir al “soberano”, al pueblo, porque las instituciones no daban más. De allí, pues, la enorme importancia de reflexionar sobre eventuales confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Imaginemos que las tensiones se desborden y avancemos a un momento excepcional, como sucedió que el proceso de vacancia de PPK y la posterior renuncia presidencial. Ni siquiera discutamos quiénes serían los ganadores con el hipotético cierre del Congreso y el adelanto electoral. Lo incuestionable sería que las reformas del sistema de justicia y del sistema político simplemente se bloquearían. El Perú perdería el momentum a favor de estas transformaciones, que le agregarían un nuevo piso a la República. Por todas estas consideraciones, pues, Ejecutivo y Legislativo están obligados a converger en las propuestas de reforma constitucional.

Si no existe esa concertación, entonces no hay interés real en que las reformas se concreten. El problema de la estrategia del presidente Martín Vizcarra es que la idea de tensiones y acuerdos entre ambos poderes del Estado —que aconsejaron los estrategas de izquierda a PPK, con los resultados conocidos— puede terminar desbocándose o estallando en la cara de uno de los actores, sobre todo por la impericia política en las dos orillas. En esta sombría posibilidad reside la enorme trascendencia de que el Ejecutivo y Legislativo logren concertar el paquete de reformas constitucionales que fortalezcan el armazón de nuestra democracia, que avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones.

Una democracia que ha enfrentado dos procesos de vacancia presidencial, la renuncia de un jefe de Estado y el descabezamiento de entidades tutelares del sistema de justicia, utilizando las instituciones y los procedimientos establecidos en la Carta Política, solo puede salir más fortalecida de estos percances. Allí reside la magia de la posible concertación Ejecutivo y Legislativo.

Pero no solo se trata de concertar en cuanto a las reformas del sistema de justicia y del sistema político, sino que las virtudes de los acuerdos dejarían en claro que es absolutamente posible avanzar en la reforma laboral, emprender auténticas reformas de la educación (la izquierda reduce los cambios a “la ideología de género”) y del sistema de salud, relanzar la obra pública —mediante las asociaciones público privadas y las obras por impuestos— y volver a discutir una descentralización que ha fracturado la unidad de las políticas de Estado.

Si las cosas avanzan por esa ruta, entonces, habríamos convertido el terrible drama de la corrupción judicial en un milagro inesperado para la República. Suele suceder. Depende de que nuestros políticos demuestren la grandeza que parece haber desaparecido de la vida pública.