Se recupera el orden en Cotabambas

Tránsito se restablece en vía del Corredor Minero

A través del Decreto Supremo N°085-2017-PCM el Gobierno pepekausa declaró el estado de emergencia por treinta días en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, en la provincia de Cotabambas (Cusco), medida que permitió restablecer el tránsito de una vía que conecta a las principales minas del sur del Perú, entre ellas Las Bambas.

Vale recordar que desde hace más de diez días las comunidades de Pitic, Miraflores y Congota, del distrito de Maras, tenían cerradas las rutas por donde transitan los camiones de este proyecto minero. Las referidas comunidades exigen a la empresa MMG, concesionaria de Las Bambas, el pago de los derechos de servidumbre por el uso de la ruta departamental AP 115. Esta ruta cruza los territorios de las referidas comunidades. Con la declaratoria del estado de emergencia en estos distritos del sur se ha restablecido el orden, y hoy el tránsito se realiza con toda normalidad.

¿Qué sucedió antes de la declaratoria del estado de emergencia? Desde hace más de diez días un grupo de comuneros de Pitic, Miraflores y Congota, tenían bloqueada la ruta AP 115. En un primer momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó un comunicado en el que se indicaba que las comunidades y la empresa MMG habían llegado a un acuerdo. Todas las partes se comprometían a formar una Comisión Técnica que iba a evaluar si la compañía minera debería compensar a las comunidades por posibles desviaciones o ampliaciones ejecutadas en la vía AP 115. Además, las comunidades se comprometían a levantar la protesta y desbloquear las vías.

Vale detenerse en un dato. La vía AP 115 empieza en el pueblo de Chumille, en el distrito de Challhuahuacho, atraviesa el distrito de Mara y termina en el límite con la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. Según el Decreto Supremo 044-2008 MTC la vía AP 115 es una ruta departamental que está en manos del Gobierno regional de Apurímac, y es por donde transitan los camiones de la empresa minera. Es decir, la competencia en esta vía recae exclusivamente en el Gobierno regional. De allí que, según el comunicado publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este solo es un acompañante del proceso de negociación.

No obstante, las comunidades referidas han desconocido el acuerdo y, desde el martes pasado volvieron a bloquear la ruta. Pero, ¿quiénes están detrás de las protestas de las comunidades? Según todas las fuentes, los asesores de estas tres comunidades serían los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo. Desde este portal hemos seguido con atención el interés que tienen en la zona estos dos abogados. Estos señores serían brokers especializados en crear conflictos entre las comunidades campesinas y Las Bambas.

A través de un comunicado, los líderes de Pisac Caso, una de las comunidades que no se ha sumado a la medida, indican que los hermanos Chávez Sotelo les propusieron que la comunidad exija el pago de S/ 90 millones a Las Bambas, y que ellos recibirían el “45% de todo lo que se negocie”. Los Chávez Sotelo también habrían asesorado a las comunidades de Quehuira, Choquecca, Allahua y Pumamarca cuando, en febrero pasado, estas comunidades exigían a la empresa MMG Las Bambas que les paguen por los terrenos comunales que habían sido utilizados para un tramo de 40 kilómetros de la carretera.

Ahora bien, con la declaratoria de emergencia el gobierno pepekausa ha dado un paso importante para proteger el Corredor Minero del Sur. Es bueno resaltar que en esta zona se produce más del 50% del cobre nacional y se concentra el 60% de la cartera de proyectos mineros del Perú (US$ 63,000 millones). En esta área —que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa— se emplazan los proyectos Antapaccay (US$ 1,400 millones), Constancia (US$ 1,700 millones), Las Bambas (US$ 10,000 millones), Ampliación de Cerro Verde (US$ 5,600 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones).