¡Responsabilidad con reformas, por favor!

El presidente Martín Vizcarra debe entender que ya ganó políticamente en la presente coyuntura, presionando al Congreso para que tramite los cuatro proyectos de ley sobre las reformas de los sistemas de justicia y político. Sin embargo, insistir que las cosas se aprueben a tontas locas, sin procesar correctamente unas propuestas incoherentes, será un grave daño a la experiencia republicana que los peruanos construimos desde hace 18 años. Luego de haberse aprobado la reforma del sistema de justicia, hoy las tensiones y los debates se focalizan en la discusión alrededor de la bicameralidad.

El gran problema es que el Ejecutivo pretende que se deje oleado y sacramentado todo antes del 4 de octubre para que la reforma sea sometida a referendo en diciembre de este año. El objetivo parece ser que el presidente Vizcarra quede como el gran reformador, al margen de la propiedad de las propuestas.

Por ejemplo, el Ejecutivo insiste en que el Congreso bicameral esté conformado por una cámara de 100 diputados elegidos en micro distritos y una asamblea de 30 senadores elegida en macrodistritos. La premura de los plazos no permite discutir, por ejemplo, que los microdistritos —circunscripciones binominales, que buscan acercar a los representantes con los representados— deberían combinarse con un Senado electo en distrito nacional único, con objeto de seleccionar a lo mejor de la élite pública nacional.

¿No es fundamental que las élites de constituyentes, economistas, e intelectuales formen parte del Senado con lo mejor de la representación territorial? ¿Acaso esta combinación de democracia y aristocracia intelectual no es parte de los grandes proyectos republicanos (Estados Unidos y el Reino Unido)? ¿0 es acaso más importante el interés de César Villanueva de candidatear al Senado por una macroregión?

Pero eso no es todo. Al parecer los asesores de izquierda han convencido al presidente Vizcarra de aprovechar la coyuntura —con un Legislativo que retrocede con desconcierto— para insistir con el Congreso bicameral de 130 representantes, reduciendo la representación de Lima y favoreciendo abiertamente a otras circunscripciones con menor cantidad de electores, pero en las que las que las propuestas antisistema suelen tener predicamento. Por ejemplo, Lima con 36 representantes en el parlamento unicameral actual solo tendría 17 en el bicameral. ¿Se puede concebir una reforma constitucional reduciendo la representación de un tercio de los electores a la mitad? No tiene sentido, a menos que los asesores de izquierda hayan caído en la cuenta del papel de los electores limeños para detener las propuestas antisistema en las elecciones del 2006, del 2011 y del 2016. Si las cosas son así, la reforma constitucional de la Carta Política de la República comienza a ser tratada como si se reformase el reglamento de una federación universitaria.

Para no perder el momentum a favor de las reformas y para que el Ejecutivo no malgaste su triunfo político, se debería promover conversaciones de toda índole, diálogos y acercamientos, para evitar esta especie de maratón alrededor de una reforma constitucional tan trascendente, como la de la organización del sistema bicameral. Casi estamos seguros de que en ninguna democracia seria, que haya durado a lo largo de las décadas, se ha procesado una reforma constitucional de tanta envergadura como empieza a suceder en la democracia peruana.

Si las cosas avanzan en este sentido quedará en evidencia que al Ejecutivo no le interesa la reforma constitucional, sino el incremento de la popularidad; y también quedará en evidencia que se trata del combustible populista y no del espíritu republicano. Igualmente será evidente que no hay mayor interés en el perfeccionamiento de nuestras instituciones republicanas y que, a lo mejor, las cosas se hacen adrede para fomentar la convocatoria a una asamblea constituyente. Veremos.