Reformemos normas que crean informalidad

Sobre legislación laboral que promueve la informalidad en perjuicio de los pobres                                                                   

En los próximos días el gobierno lanzará otro paquete de normas legales para recuperar el crecimiento económico frenado por el deterioro del clima de inversión. Consideramos indispensable y urgente que en el paquete se incorpore una nueva normativa laboral que haga justicia a millones de trabajadores que hoy se ven privados de beneficios sociales elementales y de su derecho al ahorro previsional, como consecuencia de la excesiva rigidez de las leyes laborales vigentes.

La magnitud del problema acaba de reflejarse en estos días al conocerse que, de más de cinco millones de trabajadores independientes que existen en el país, apenas unos 500 mil serán incorporados al Sistema Privado de Pensiones en vista de que los demás son informales y, polo tanto, es imposible fiscalizarlos.

Anteriormente el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) ya había informado, en el estudio titulado Producción y Empleo Informal en el Perú, que el 74.3% de los peruanos en edad laboral trabaja en condiciones informales, y que dicha cifra aumenta al 80% en 15 regiones del interior. Un estudio anterior del INEI (2007) indicaba que el empleo informal abarcaba al 79.9%, lo cual supone que, en siete años, la informalidad ha disminuido poco con relación a las tasas de crecimiento económico registradas en ese mismo período.

Coincidimos por ello con el Banco Central de Reserva (BCR) en que la rigidez de la legislación laboral es un obstáculo que impide la creación de empleo formal, y también en que es urgente que el gobierno modifique dicho marco regulatorio empezando por adecuar las prácticas de contrataciones y despidos a los estándares internacionales y por revisar ley de la Remuneración Mínima Vital ( RMV), ya que en el 68% de microempresas no pueden asumir este costo.

También urge revisar los costos no salariales (CTS, vacaciones y otros) y la indemnización por despido ya que los primeros representan una carga adicional igual al 57% del salario, y la segunda es 54% más alta que en los demás países de la región. En inadmisible que, por ejemplo, en materia de contrataciones, en el 59% de los países se permite contratar a plazo fijo para labores permanentes, pero en el Perú está prohibido. Otro obstáculo es la normativa en materia de seguridad y salud, que representa para las empresas un gasto superior a S/. 400,000 por año, que deben asumir bajo riesgo de ser sancionados con penas exageradas de hasta 10 años de cárcel para los empleadores.

La legislación laboral vigente es tan onerosa que hasta el propio Estado ha creado nuevas formas de contratación de servidores públicos que los libere de asumir los altísimos costos de la formalidad laboral, como la subcontratación o los servicios no personales.

En su mensaje a la nación reciente, el presidente Ollanta Humala dijo que el nuevo paquete de medidas para destrabar el crecimiento incluirá modificaciones a las leyes laborales, lo cual es una buena señal. Esperamos ahora que nuestras autoridades resuelvan la inicua situación actual que priva a millones de peruanos de los beneficios de la seguridad social, el goce de vacaciones anuales, el fondo de desempleo (CTS) y el ahorro previsional que les permitiría tener una vejez digna. Hacemos votos para que todo esto termine y se haga justicia.