Reformar la justicia con la Constitución en mano

La difusión de los audios que desnudan un repudiable tráfico de influencias entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y titulares de salas del Poder Judicial ha desatado una justificada indignación ciudadana que pretende ser utilizada por un sector del país para escribir un nuevo capítulo de la feroz confrontación Ejecutivo - Legislativo, que casi termina bloqueando la democracia y que desencadenó la renuncia de Kuczynski. Y lo paradójico de esta estrategia es que está impulsada por el sector de políticos, algunos medios de comunicación y los actores que, de una u otra manera, pulularon durante los gobiernos de Toledo, Humala y Kuczynski.

La manera cómo se difunden los audios —dosificada y administrada con criterio de aparato oscuro—, a entender de este portal, demuestra que no se tiene el objetivo de enfrentar a la corrupción, sino de vincular esta lacra institucional al Ejecutivo y el Legislativo, con el claro objetivo de adelantar las elecciones. Ante esta situación solo nos resta señalar lo que sostuvimos durante las turbulencias previas a la renuncia del ex presidente Kuczynski: hay que aferrarse a la Constitución. Más allá de la Carta Política no hay nada, excepto el vacío y el terreno de los aventureros.

De allí que para este portal es inapropiado que algunos miembros de la Comisión de Reforma, designada por el Poder Ejecutivo, exijan que renuncie todo el CNM y que algunos periodistas señalen que se debe licenciar a todos los jueces, sobre todo cuando los implicados ya comenzaron a ser procesados en el Congreso, con las respectivas acusaciones constitucionales, y han empezado a renunciar por decisión propia ante la avalancha de evidencias (incluso empiezan a ser detenidos por el propio sistema de justicia). De pronto, no se trata de una reforma sino de una revolución que tiene todos los olores de un golpe a la institucionalidad, por decir lo menos.

En primer lugar, las responsabilidades penales son individuales y no institucionales, tal como lo demuestran los contenidos de los audios. En segundo lugar, si se licenciara a todo el CNM, ¿quién asumiría las funciones de esta entidad? ¿Se propone que asuman los accesitarios del CNM ¿O acaso que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo reorganicen el sistema de justicia? ¿Bajo qué artículo constitucional se procedería a intervenir las instituciones judiciales? El abogado Diego García Sayán ha propuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayude en la reforma judicial? ¿Por allí va la reforma?

En cualquier caso es hora de recuperar la cordura y evitar que la Comisión de Reforma del Ejecutivo sea mangoneada, por ejemplo, por el ex ministro humalista Walter Albán, quien, lidera la propuesta de licenciar a todo el CNM y, en vez de una voluntad de reforma, parece revelar la obsesión desaforada de un sector del país por controlar las instituciones del sistema de justicia.

Ante estos hechos vale recordar que las democracias en América Latina suelen ser derribadas precisamente cuando los populistas, las fuerzas antisistema, se apoderan de las banderas de la lucha contra la corrupción ante los yerros clamorosos de las respectivas clases políticas. Así pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y hoy puede suceder también en España. En el Perú es incuestionable que la corrupción se ha institucionalizado por culpa de toda la élite política, y no solo de un sector. Sin embargo, los demócratas no podemos permitir que el protagonismo de las turbas bloquee el funcionamiento de las instituciones y los procedimientos establecidos en la Carta Política. De ninguna manera.

La democracia peruana, que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones, ya ha sorteado una de sus peores crisis de gobernabilidad con la renuncia de Kuczynski. Asimismo, siempre también vale recordar que las democracias longevas son aquellas que han enfrentado con la Constitución en la mano, todos aquellos casos parecidos al que analizamos.

Es hora de que el Ejecutivo y el Congreso se pongan en modo de reforma y se tramiten todas las propuestas que se presenten sobre qué hacer con el CNM: ¿reformarlo o eliminarlo mediante una reforma constitucional? ¿Cómo avanzar en la reforma de una fiscalía altamente politizada y un Poder Judicial a punto de caer en la metástasis de la corrupción? En cualquier caso es la hora de la reforma, no del bloqueo de la carretera y la llanta quemada.