Lote 192 en la mira del ambientalismo ideológico

Desde el pasado mes de setiembre, las comunidades quechua, achuar y kichwa, ubicadas en el llamado Lote 192, en Loreto, han tomado las instalaciones de 50 pozos petroleros, cuatro baterías, una planta eléctrica y el aeródromo de Andoas demandando la realización de una nueva consulta previa que decida si continúan las actividades de explotación petrolera en la zona. La medida extrema tomada por los pobladores del lugar no es otra cosa que la demostración de fuerzas de ciertos dirigentes agrupados en federaciones para detener la producción de petróleo en el lote. En estos actos hay también —sin lugar a dudas— una intencionalidad política e ideológica que manipula, que se esconde detrás de alguna dirigencia interesada en detener las actividades extractivas y, además, cambiar el modelo económico que el país ha elegido hace más de 25 años. Un modelo que ha sacado de la pobreza a un 20% de la población.

El Lote 192 es al momento el más grande yacimiento petrolero existente en medio de la selva, cuya producción de 10,000 a 12,000 barriles de petróleos diarios representa el 18% de la producción total del país. La importancia del lote se sustenta en la reserva de 134 millones de barriles de crudo pesado, que da utilidad al Oleoducto Norperuano. Esta producción de petróleo se estima que será procesada en la refinería de Talara cuando comience sus actividades productivas en el año 2021.

Las dirigencias de las federaciones Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospat, que agrupan a las comunidades nativas del lugar, han conducido a los pobladores de la zona a esa medida extrema, aduciendo la necesidad de realizar una nueva consulta previa y desconociendo la del año 2015, vigente hasta los próximos treinta años. De acuerdo a nuestras fuentes y a las normas que sujetan los procedimientos, “no se puede realizar una nueva consulta a las comunidades si no existe ninguna medida administrativa y si tampoco existe ninguna otra modificación que afecte los derechos de las comunidades”.

Los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano —que hasta agosto del año 2016 sumaban 37 en los 25 últimos años, cuatro en el año 2016— están entre los argumentos principales que los dirigentes de las federaciones exhiben para exigir una nueva consulta previa. Si bien esos derrames son consecuencia de la irresponsabilidad de Petroperú, por su incapacidad comprobada en el mantenimiento del oleoducto, también es cierta —por las evidencias que investigan las autoridades correspondientes— la presencia de saboteadores que han ocasionado intencionalmente esos derrames de petróleo, produciendo daños a las tuberías que transportan crudo. Tragedias de irremediables consecuencias que afectan a las comunidades nativas y a la flora y fauna de la zona.

A la terrible realidad social y económica que viven las comunidades nativas, se suma el drama ambiental provocado con premeditación, para hacer daño, para retrasar el progreso y el bienestar de esos pueblos. ¿Con qué intención? No sería otra que detener las actividades petroleras, creando condiciones adversas al medio ambiente (por la contaminación), y dejando entre la población una imagen de desidia en los operadores petroleros.  

José Carlos Vilcapoma —ex viceministro de interculturalidad— ha dicho a este portal que la consulta previa, por ser un acto jurídico, no se puede desconocer parcialmente. “O se desconoce todo o nada”, ha dicho. Vale decir que, por convenio, las comunidades reciben el 0.75% de la producción fiscalizada de crudo producido, fondo depositado en un fideicomiso que será administrado por las comunidades. Se entiende, entonces, que así las comunidades de la zona validan el convenio realizado el 2015.