Las instituciones prevalecieron sobre las turbas

La democracia peruana, que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones, parece que acaba de superar una segunda crisis de gobernabilidad, en la que las instituciones se tuvieron que tensar al extremo para preservar la institucionalidad y evitar que la polarización y el aliento a las turbas termine tragándose a la libertad. La primera tuvo que ver con la confrontación que desató la renuncia de Kuczynski a la Presidencia. La segunda con la difusión de los audios que desnudan la corrupción institucionalizada del sistema de justicia.

El Congreso de la República procedió a remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el magistrado Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia del Poder Judicial y el ex presidente de la Corte Superior de Lima, Walter Ríos, fue recluido en cárcel por una resolución del sistema de justicia. Si bien es cierto que estas decisiones se explican por la ola de indignación ciudadana, es evidente que en las instituciones de la democracia peruana todavía hay la reserva suficiente para desarrollar la auto regeneración institucional que caracteriza a las democracias longevas frente a las crisis de gobernabilidad.

Sin embargo, la solución dentro de los marcos constitucionales estuvo a punto de convertirse en un golpe de Estado blanco, con el burdo intento de evitar que Pedro Chávarry asumiera la Fiscalía de la Nación. Mediante la difusión de audios intrascendentes en los que Chávarry conversaba con Hinostroza, el vocal supremo cuestionado, se quiso propiciar un golpe de Estado en la Fiscalía para que el sector que lidera Pablo Sánchez continuara al frente de la institución. ¿Cómo era posible que se tendiera una celada sin nombre, sin argumento, en contra de un magistrado con una trayectoria decente en el sistema de justicia? Quienes siguen las trayectorias judiciales conocen de la carrera de Chávarry. ¿Cómo era posible algo así en una democracia de dos décadas?

En el Perú había surgido una turba callejera y una avalancha mediática que propalaba audios en los que conversaciones intrascendentes con los implicados en tráfico de influencias pretendían embarrar a gente sin cuestionamiento. Una verdadera turba mediática, con pocas reservas del buen periodismo, linchaba a los supuestos implicados; entre ellos, al nuevo Fiscal de la Nación.

De pronto la irresponsabilidad del Ejecutivo, del propio presidente de la República, de una Defensoría del Pueblo altamente politizada en función de los reflectores, parecían favorecer la estrategia putchista que pretendía un golpe blanco en la Fiscalía. Los mencionados funcionarios no asistieron a la juramentación de Chávarry. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos, con dos décadas de ejercicio institucional, ignoró a la turba callejera y al huaico mediático y actuó de acuerdos a los procedimientos constitucionales.

Ayer domingo la estrategia putchista parecía replegarse. Chávarry era entrevistado por los medios que antes lo linchaban y los equilibrios se restablecían. Las instituciones prevalecían sobre el lenguaje de las turbas callejeras y de algunos medios, que habían abandonado el periodismo para desarrollar propaganda y antipropaganda. Una confirmación más de la necesidad de discutir a profundidad sobre la ley que retira el subsidio estatal a los medios privados (Ley Mulder), porque el tema está asociado al futuro de la democracia. Corregir los excesos no puede significar volver al estado anterior, porque significaría consagrar una oligarquía mercantil —como los concesionarios del guano, guardando las distancias— en pleno siglo XXI y con el impuesto de todos los peruanos.

Es hora de conversar, de los diálogos y de los embajadores de las convergencias. La mayoría legislativa debe entender que no puede persistir en la lógica de la guerra, sobre todo después del fracaso del sector de fiscales liderado por Pablo Sánchez, en su intento de seguir controlando el Ministerio Público para investigar selectivamente y favorecer a otros. Igualmente, algunos medios deben aceptar que corregir los excesos nunca significará volver a la situación en que el Estado subsidiaba a algunas redacciones con el impuesto de todos los peruanos. Si se persiste en la estrategia del todo o nada, todos perderemos; pero más algunos medios.

En este contexto, una amplia convergencia multipartidaria en el Congreso, que se expresará en el pleno extraordinario de hoy, debe propiciar un acercamiento entre Ejecutivo y Legislativo para reformar el sistema de justicia y también lanzar algunas reformas urgentes, que el Perú necesita para volver a crecer a tasas altas y seguir reduciendo pobreza como antes. No podemos permitir que el cuarto periodo democrático sin interrupciones se convierta en un quinquenio perdido.