Editorial Política

Las Bambas: autoridad en la encrucijada

Las Bambas: autoridad en la encrucijada
  • 01 de octubre del 2015

Sobre la respuesta del estado a la violencia extremista en Cotabambas

La violenta ofensiva radical contra el proyecto minero Las Bambas, que ha dejado cuatro muertos y 25 de heridos -entre estos ocho policías graves-, y que busca desestabilizar el modelo económico que ha rescatado de la pobreza a millones de peruanos, pretende ser justificada ahora por una ONG de izquierda que sostiene que las fuerzas del orden hicieron “uso desproporcionado de la fuerza” para enfrentar “actos de protesta” y que así “ habría contribuido a un clima de mayor violencia”.

Sostiene además que durante la intervención policial “no se han aplicado” los principios previstos por el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de las armas de la policía. Ante semejantes afirmaciones, surgen las siguientes preguntas: ¿A qué llama uso desproporcionado de la fuerza la ONG? ¿Qué considera un acto de protesta? 

Dicho Decreto establece que la policía puede usar sus armas en tres casos: cuando encuentra resistencia violenta, cuando hay peligro de fuga de un infractor de la ley, y cuando se producen acciones violentas que impliquen para el agente un riesgo de muerte o de lesiones graves. Esto último es lo que ocurrió en Las Bambas.

La ONG no menciona en su comunicado que los radicales atacaron el campamento minero, que estaba siendo protegido por la policía, y que ésta fue agredida por una turba de 2,000 personas. Es decir, oculta que la violencia se originó por una agresión a la policía y no porque ésta reprimió una “protesta”. ¿Qué esperaba la ONG, que los policías permitieran que la turba destruya la propiedad privada o los linche? ¿A esa violencia le llama “protesta” la ONG?

Una falacia que repite la izquierda hasta el hartazgo dice que el estado nunca debe hacer uso de la fuerza. El detalle está en que esta idea -implícita en el comunicado de la ONG- es invocada solo para cuestionar la autoridad de los gobiernos democráticos, pero no para los regímenes autoritarios y represivos de la región, como Cuba o Venezuela.

El estado peruano, al igual que todos los estados del mundo, tiene el monopolio legítimo de la violencia en virtud del contrato social plasmado en la Constitución, y está obligado a ejercerlo en defensa de la paz y el orden indispensables para la convivencia de la sociedad. Por esta razón existen instituciones destinadas a ejercer ese monopolio: las fuerzas del orden. Pero, a diferencia de los regímenes autoritarios, en democracia el uso de la fuerza no es arbitrario, está regulado por la ley.

El Decreto Legislativo 1186 fue aprobado en agosto último para reemplazar otras normas que maniataron legalmente la acción de las fuerzas del orden y criminalizaron de facto el uso de la fuerza pública.  La desprotección del policía llegó al extremo que éste prefería entregar su arma y dejarse secuestrar o golpear, para evitar represalias penales del propio estado. Esta situación deterioró el respeto a la autoridad y abrió el camino al desborde de la violencia contra la autoridad policial.

Dicho desborde se expresó en los 24 policías asesinados el 5 de junio del 2009, en Bagua; en el asesinato de dos policías durante el desalojo del bosque de Pomac, Lambayeque; en el secuestro de policías en el puente Montalvo de Moquegua, en los ataques de turbas a las comisarías de Celendín y Juanjui. Y en un largo etcétera.

En Challhuahuacho, la democracia ha hecho uso legítimo de la fuerza para defender el derecho de propiedad y la libertad económica, pero sobre todo el derecho de miles de familias campesinas a una oportunidad para salir de la pobreza, tal como ya lo han hecho cinco millones de peruanos que dejaron esa condición entre el 2007 y el 2014, gracias al crecimiento económico impulsado por la inversión privada.

Los excesos del autoritarismo en el pasado devaluaron el concepto de autoridad; sin embargo ésta no debe ser estigmatizada cuando se ejerce en libertad y democracia. Ningún estado es viable sin el imperio de la ley y éste es imposible sin el respeto a la autoridad. Los enemigos de la democracia lo saben bien, por eso hacen todo lo que pueden por minarla, debilitarla y destruirla. ¿Los dejamos?

  • 01 de octubre del 2015

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