Política

La minería artesanal no es crimen organizado

La exclusión de un vasto sector de productores

La minería artesanal no es crimen organizado
  • 01 de mayo del 2018

 

En el Perú todas las actividades que se califican como “minería informal” pueden caer bajo la tipificación del delito de “crimen organizado”. Esto es una clara expresión de que el fracaso del contrato social y de la ley en su intento de crear un sistema de derechos de propiedad se ha convertido en una política que criminaliza la minería artesanal. De alguna manera esta política criminalizadora parte del supuesto de que los mineros artesanales expresan “un problema cultural” en contra de la legalidad, y que la informalidad —como tal— es igual a economía delictiva.

Durante la pasada administración PPK y bajo la entusiasta iniciativa de la entonces ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1244 que establecía que los delitos de minería ilegal deberían ser procesados como delitos de crimen organizado. Aparentemente no había mayor problema.

Sin embargo, durante el Gobierno nacionalista, y particularmente en la gestión de Manuel Pulgar Vidal, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1105, que señalaba que el minero artesanal que incumple normas y regulaciones de carácter administrativo, social, técnico o ambiental, cae bajo el tipo de minería ilegal. En otras palabras, en la práctica todas las actividades de los productores pueden ser calificadas como minería ilegal. Y como los delitos de minería ilegal, gracias a la señora Pérez Tello y a Pulgar Vidal, deben ser procesados como delitos de crimen organizado, el círculo de exclusión del minero artesanal se ha cerrado de manera impenetrable.

El intento de criminalizar las actividades del minero artesanal se desarrolla en medio de un creciente clima de exclusión y de humillación de un vasto sector de productores —especialmente los campesinos dueños de la superficie en donde se desarrolla la minería nacional— que suman más de 400,000 mineros artesanales, del cual dependen más de un millón de personas y que moviliza más de US$ 2,500 millones anuales en oro y cobre.

El intento de excluir del mercado, de los derechos de empresa y de la economía capitalista a este vasto sector de productores parte de la ceguera de sectores de la élite que consideran posible detener el Gold Rush peruano a sangre y fuego. Es una locura, en especial cuando surgen mineros artesanales en Canta, Carabayllo y otras zonas aledañas a la capital. Estados Unidos, la gran nación del norte, de una u otra forma, puede ser asociada al Gold Rush que impulsó a esa economía: lograron crear un sistema de derechos de propiedad en el que la minería se convirtió en una actividad nacional accesible a grandes y pequeños.

Al intento de criminalizar las actividades de los mineros artesanales se suman las medidas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio del Ambiente, las interdicciones policiales y la Sunat, que solo buscan los embargos y las pérdidas de dominio antes que fomentar una política de inclusión y formalización.

En el Perú la informalidad es un grave problema. Pero puede convertirse en una gran oportunidad si es que, más allá de los facilismos que intentan explicar el fenómeno social a partir de problemas culturales u otros al margen del contrato social y la ley, contemplamos a un emprendedor que busca hacer empresa y tener un lugar en la inversión y el mercado. Si empezamos a ver así las cosas así, las fuerzas antisistema que buscan paralizar las grandes inversiones mineras en el Perú se quedarán cada vez más aisladas, y la gran y pequeña minerías gestarán una alianza para convertir al Perú en una potencia minera.

 

  • 01 de mayo del 2018

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