Política

La democracia, el Congreso y la Corte IDH

El Legislativo responde ante una inaceptable intromisión

La democracia, el Congreso y la Corte IDH
  • 14 de febrero del 2018

 

La decisión por mayoría de la Junta de Portavoces del Congreso (cinco bancadas a favor, de un total de siete) que declara inaplicable la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena archivar la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, a entender de este portal, representa un hito en la construcción de la democracia peruana. ¿Por qué? Porque es una decisión que se asume en el peor momento de la democracia pos-Fujimori —que avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones—, luego de que el envilecimiento institucional desatado por la polarización fujimorismo versus antifujimorismo nos llevara a la terrible coyuntura vacancia/indulto, en la que se sigue hablando de vacancias y adelantos electorales.

La decisión del Congreso, en este contexto, tiene una enorme trascendencia. En pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, el Legislativo inició un proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados que cambiaron un habeas corpus a favor de los marinos convirtiéndolo en uno en contra. ¿Cómo así? Sin importar el principio constitucional de la cosa juzgada, los cuatro magistrados —en un acto artero y prevaricador— interpretaron que el voto a favor de un ex magistrado incapacitado era uno en contra. ¿Cómo imaginaron que iban a salirse con la suya? Si el Congreso no iniciaba el legítimo proceso de control político que, en la práctica, restituye los balances y los contrapesos institucionales, el TC se habría erigido como un poder omnímodo sobre todas las demás instituciones de la democracia.

Vale recordar que el proceso de acusación constitucional recién se había iniciado: en la Comisión Permanente se debía decidir si se acusaba ante el pleno, y el propio Legislativo era una segunda instancia en la que se debía votar. Sin embargo, la Corte IDH, al igual que los cuatro magistrados del TC, reclamó un poder omnímodo, ignoró que la Convención Americana de Derechos Humanos —que le otorga una jurisdicción residual que se debe ejercer cuando se ha agotado la jurisdicción interna de cada Estado— y, entonces, se atrevió a ningunear al Congreso peruano. ¿Cómo pueden suceder estas cosas en el concierto de los estados democráticos de la región?

En este portal ya lo hemos planteado directamente: la izquierda latinoamericana ha comenzado a bastardear las instituciones del sistema jurídico interamericano; y como se dice, no cree en nadie a la hora de defender sus intereses. El internacionalista Francisco Tudela ha utilizado el concepto de “despotismo ilustrado” para referirse a esta intención de la Corte IDH de erigirse como un gobierno supranacional en la región. Es decir, un sistema de gobierno que se basa en un grupo de iluminados, autoproclamados garantes de la institucionalidad, por encima de la soberanía de las democracias. En otras palabras, una Corte IDH por encima de los ejecutivos y congresos nacidos por el sufragio ciudadano en cada democracia. Es evidente que ninguna sociedad que se considere democrática puede dejarse pisotear por esta burocracia que pretende mangonear la institucionalidad en la región.

El Congreso, entonces, ha asumido una decisión histórica en un momento crucial para la democracia que construimos con denodado esfuerzo. La izquierda y el antifujimorismo, en todas sus versiones, creen que pueden mangonear las instituciones para alinearlas en la cruenta polarización que promueven. La guerra entre Ejecutivo y Legislativo que han desatado los lleva a creer que pueden defender sin descaro a cuatro magistrados que violan el principio de la cosa juzgada. Ante la decisión del Legislativo de acusar constitucionalmente a los señalados jueces, los mismos polarizadores consideran que es posible mangonear a la Corte IDH, cerrarle la boca a un Congreso e ignorar la soberanía popular.

El Legislativo, pues, se ha erigido en garante de la democracia y la soberanía popular. Y al hacerlo sigue el ejemplo de las democracias ecuatoriana, argentina, colombiana y otras que, como se dice, han ignorado olímpicamente las decisiones de la Corte IDH, que violan sus respectivas soberanías y que cada día se parece a una nueva internacional comunista, ideologizada y muy distante del gran tribunal con el que todos los demócratas de la región soñamos.

 

  • 14 de febrero del 2018

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