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La corrupción descentralizada

Política

La corrupción descentralizada

12 de Abril del 2017

Una reforma urgente de todo el aparato estatal

La noticia de que el Poder Judicial dictaminó prisión preventiva contra el Gobernador Regional del Callao, Félix Moreno, por haber recibido supuestas coimas para favorecer a empresas brasileñas en el caso Lava Jato, revela que la corrupción es uno de los principales problemas nacionales. Si a ello le sumamos el encarcelamiento del alcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalos, quien sería el jefe de una banda de extorsionadores y traficantes de terrenos —y en cuya vivienda la Fiscalía encontró más de S/. 200,000—, los hechos nos indican que la corrupción se ha extendido a todos los niveles de gobierno. Y si además añadimos que doce gobernadores regionales están presos o investigados por delitos de corrupción, entonces, se podría decir que la tradicional corrupción que nos ha azotado a lo largo de toda la historia republicana ha terminado descentralizándose.

Desde este portal hemos repetido que en los últimos 25 años hubo un crecimiento y expansión de la economía, no obstante que en el Estado no se desarrollaron las reformas necesarias para organizar un aparato estatal eficiente y al servicio del ciudadano. Si bien este crecimiento económico redujo pobreza y democratizó los ingresos como jamás en la historia de la República (de allí el crecimiento de las clases medias), el Estado se llenó de tal cantidad de sobrerregulaciones y procedimientos a nivel de los gobiernos central, regional y local, que sin lugar a dudas el Perú se ha convertido en uno de los estados más burocráticos de la región, no obstante los TLC que ha firmado para liberalizar su comercio.

El crecimiento económico también permitió llenar las arcas fiscales en medio de la descentralización del aparato estatal. Sin embargo, así como crecieron los presupuestos también aumentaron los casos de corrupción e ineficiencia, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Un ejemplo: el presupuesto del 2017 es superior a S/. 150,000 millones. Semejante monto supera en cuatro veces al presupuesto del 2006.

La corrupción deteriora el crecimiento de la economía. Según un informe de la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al Perú alrededor de S/. 10,000 millones; es decir, casi US$ 3,000 millones. Un 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) o casi todo el presupuesto para reconstrucción de la costa norte luego de los huaicos y lluvias. En el ranking de competitividad del World Economic Forum, en el pilar Instituciones, el Perú figura debajo del puesto 100 de 138 países evaluados.

Según César Peñaranda, director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), para evitar que existan casos dramáticos de corrupción en el Estado se debe hacer una profunda reforma de todo el sistema. Peñaranda sostiene que se deben simplificar los procesos, eliminar el exceso de normas jurídicas y hacer cambios en la ley de descentralización. Además se deben mejorar los recursos humanos, preparando cuerpos de profesionales para que se ocupen de la administración pública. Para Carlos Adrianzén, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicada, también se deben reformar de forma completa instituciones como el Poder Judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación. De otro lado, el ex contralor de la República Fuad Khoury Zarzar asegura que la falta de una cultura política honesta, la impunidad y la escasa capacidad de los funcionarios públicos para ejercer su trabajo son los puntos clave para que la corrupción descentralizada funcione.

No hay duda de que el Estado ha fracasado en todas las líneas. Para poner otro ejemplo, en Echarate (Cusco) —uno de los distritos más ricos y con un presupuesto anual de S/. 1000 millones y desde donde se origina el gas de Camisea desde el 2013—, todos sus alcaldes han sido investigados y denunciados por corrupción. Por eso, se necesita un gran acuerdo para reformar el Estado. El gobierno pepekausa no puede acabar su administración sin la convocatoria para convertir al Estado en una organización eficiente y al servicio de todos los peruanos.