Editorial Política

Investigación, debido proceso y reforma del CNM

Enfrentar la corrupción y cambiar el sistema

Investigación, debido proceso y reforma del CNM
  • 11 de julio del 2018

 

Los audios propalados por IDL Reporteros —que comprometen a Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila, los tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); a Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, y a César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en supuestos tráficos de influencia en el sistema de justicia— han desatado una justificada ola de indignación ciudadana. Los diálogos registrados revelan una repudiable práctica que parece común en el sistema de justicia del Perú y, de una u otra forma, comprometen al CNM, al Poder Judicial y a la Fiscalía.

Otra vez la democracia ha sido puesta a prueba (acabamos de superar la renuncia del ex presidente Kuczynski) y las instituciones tutelares están obligadas a cumplir los papeles y los procedimientos que establece la Constitución Política. Es decir, las instituciones deben investigar, procesar y arribar a las conclusiones pertinentes. Es incuestionable también que los señalados audios deben marcar un antes y un después en el sistema de justicia. En ese camino el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la palabra.

Y una de las condiciones para investigar es que se cumplan todos los debidos procesos establecidos en la Carta Política. Por eso sorprende en demasía la posición del presidente Martín Vizcarra quien —luego de sostener una reunión con los titulares del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional— exigió que el Congreso remueva a los magistrados implicados en los audios, sin considerar que existe un debido proceso que todos estamos obligados a respetar. De esta manera el jefe de Estado se sumaba a la posición de un sector de periodistas que exigía una especie de linchamiento político institucional. Gravísimo.

Es evidente que la situación de los magistrados es indefendible. Sin embargo, deben ser acusados constitucionalmente y deben respetarse los procedimientos y las instancias establecidas por la Carta Política. La posición de Vizcarra es absurda porque “remover” a los magistrados en un solo acto del Congreso también implicaría cuestionar la figura presidencial. ¿Por qué? Porque si le damos valor final y probatorio a los audios sin el debido proceso, entonces vale recordar que en las grabaciones también se implica al jefe de Estado.

Por todas estas consideraciones, la ola de indignación contra estas terribles prácticas de la justicia no debe encaminarse por la barra brava de un sector de la media que parece más interesado en ajustar las clavijas con una facción del sistema de justicia que combatir la corrupción.

De otro lado, debe entenderse que la sanción de estas inconductas y delitos no acabará con la corrupción. Se necesitan reformas de fondo. Sin embargo, en el afán de reformar el CNM, ¿estamos dispuestos a volver al sistema de nombramiento de magistrados que dependían del poder político (del Senado), tal como sucedía en los años ochenta? El sistema del CNM, que se basa en la participación de la sociedad civil, es una copia del sistema de nombramiento y de control de magistrados que se desarrolla en las principales constituciones de Europa.

En el Perú, al parecer, han fallado los hombres, los magistrados. Quizá la reforma del CNM no pase por modificar la naturaleza de la entidad, sino por cambiar los requisitos de los candidatos a la mencionada institución. Por ejemplo, ¿qué hace un antropólogo al frente de una entidad encargada de nombrar y controlar a los magistrados del Perú? ¿Todos los candidatos no deberían ser abogados? ¿No deberían ser, además, profesionales con una carrera hecha (a semejanza de los senadores) e interesados en preservar un prestigio ganado a lo largo de una vida?

En cualquier caso, los sectores de buena voluntad que buscan enfrentar a la corrupción del sistema de justicia deberían utilizar este momento para desarrollar un debate de fondo que nos lleve a perfeccionar las instituciones. Los linchamientos y los intentos de incorporar el tema a la polarización política solo revelan que una facción del sistema de justicia busca ajustarle las clavijas a otra.

 

  • 11 de julio del 2018

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