¿Hasta cuando la SBN amenazará a ciudades costeras?

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, en las primeras semanas de su gestión ha dejado en claro que no le rehúye a los problemas, sobre todo en cuanto a la reconstrucción del norte. Por ejemplo, ha explicado con claridad por qué el Ejecutivo necesitaba la delegación de facultades legislativas para simplificar los procedimientos de la reconstrucción. Igualmente ha explicado con precisión los objetivos del Decreto Supremo que otorga S/ 630 millones para la reconstrucción de las viviendas en el norte. El ministro señaló que en total hay 45,000 viviendas damnificadas, de las cuales 31,000 se construirán en terreno propio, mientras que 4,000 serán nuevas y se repararán 2,800. Además gregó que 6,000 correspondían a inversiones en vivienda rural.

Sin embargo el titular de Vivienda hasta ahora no se ha pronunciado sobre los litigios que desarrolla la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en contra de casi todos las ciudades, caletas y poblados del litoral del país; litigios que afectan a pobres, ricos y empresarios por igual. En el Perú los derechos de propiedad no existen en las ciudades costeras y la interrogante que surge es ¿puede existir una reconstrucción integral del norte sin abordar este problema? Parece que no.

Tal como venimos informando en este portal, la SBN reclama la propiedad de los predios en Piura y Tumbes, en los distritos de Talara, El Alto, Lobitos, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos. Ciudades y caletas de pescadores, pobres y ricos, ciudadanos y empresarios, se verían afectados si prosperaran las pretensiones de la SBN, no obstante que ellos están en posesión de sus respectivos predios por varias décadas. Sí, amigo lector, luego de más de 20 o 30 años de posesión efectiva los posesionarios y también propietarios podrían ser desalojados de sus propiedades.

Pero no solo se trata de las ciudades costeras del norte. La SBN también ha planteado litigios parecidos en las provincias de Ica, Pisco, Palpa y Nasca. Como parte de esos procesos, la SBN ya ha logrado inscribir más de 228,000 hectáreas a su favor en las jurisdicciones mencionadas. En este contexto, ¿se justifica la existencia de una especie de Estado - propietario (que no existe en la Carta Política) que reclama la propiedad de miles de predios que están en posesión de privados por varias décadas? De ninguna manera. Ni la Constitución ni las leyes lo permiten.

La Constitución de 1993 y el Código Civil establecen sin medias tintas que la posesión es fuente de propiedad. Algo más. El Libro V del Código Civil prescribe que luego de diez años de posesión de un predio, cualquier posesionario puede reclamar la plena propiedad mediante la prescripción adquisitiva, a menos que exista un título que se oponga. ¿Qué entonces arguye la SBN para fundamentar sus reclamos contra las ciudades costeras?

Durante los gobiernos de Toledo, García, Humala y PPK, se sobrerregularon en exceso los procedimientos que la sociedad y la ciudadanía deben realizar ante el Estado. Como parte de ese proceso, la Ley de Hidrocarburos (Ley 026221- DS N° 054-94 PCM), señaló que todas las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria pasaban a pertenecer a Petroperú. Más tarde, Petroperú, en calidad de “propietario”, transfirió la titularidad de las tierras a la SBN. Allí reside el intento de presentar un título oponible al derecho constitucional de miles de propietarios y posesionarios en las ciudades costeras del país.

Pero hay un gran problema de la argumentación de la SBN: cuando se produjo la llamada “transferencia de propiedad” de las tierras expropiadas regía la Constitución de 1993 y el Código Civil actual que establecen los derechos que genera la posesión. El gran problema de las pretensiones de la SBN es que no solo afecta los derechos de propiedad, la reconstrucción del norte a favor de los pobres y las inversiones en turismo, sino que también genera una cadena de corrupción. Por ejemplo, ya se conoce de un mercado de tierras de los predios que son transferidos al Estado, con muchos casos notorios. El ministro Piqué entonces debería reaccionar con prontitud y evitar que un tema tan polémico como las pretensiones de la SBN sobre las ciudades costeras termine afectando su gestión.