¡Error de Basombrío!

Interior elude su responsabilidad en Las Bambas

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, cometió —el domingo pasado por la noche— un grave yerro político de la administración pepekausista. En vez de explicar la lamentable muerte del ciudadano Quintino Cereda como parte de la estrategia provocadora del radicalismo antiminero que busca paralizar el megaproyecto Las Bambas, Basombrío se dedicó a enmendar la plana a los oficiales y a los efectivos policiales que participaron en una operación policial. El ministro se lavó las manos y eludió su responsabilidad política en el tema.

Según el ministro, el contingente de 150 efectivos que desbloqueó una carretera a 28 kilómetros de la mina Las Bambas actuó, por decir lo menos, de manera irregular. De acuerdo a esta versión, el jefe de Planeamiento Operativo, coronel Juan Fernando Sarango aprobó un plan de operaciones presentado por la Dirección de la Policía de Apurímac, sin informar al Director de Operaciones Policiales ni al Director General de la Policía.

Es decir, los efectivos son demasiado autónomos y sorprendieron al ministro. Si las cosas sucedieron como relata Basombrío, la única explicación es la siguiente: el sector Interior cometió el yerro de subestimar la impaciencia social en Las Bambas, no obstante que desde agosto nuestro portal y diversos medios vienen informando que el extremismo buscaba reeditar la violencia de setiembre del 2015. No se hizo nada. No hubo inteligencia policial ni se aceleraron las mesas de diálogo —abandonadas por Humala— para evitar que se desaten las iras de sectores de de la población.

Pero lo peor de todo es que la versión presentada por Basombrío nos puede llevar a pensar que hubo un uso desproporcionado de la fuerza policial. ¿Y los veinte policías heridos? ¿Cómo se explica semejante saldo al lado de una muerte lamentable?

Cinco días antes de la muerte de Cereda, un grupo radical comenzó a cavar zanjas a 28 kilómetros de la mina con el objeto de cobrar “peajes” de S/. 400. De lo contrario, se evitaba el paso de los más de 150 volquetes que transportan el mineral por una vía pública que ya existía antes de las operaciones mineras. Recién el sábado pasado, los 150 efectivos policiales —acompañados del fiscal y de un representante de la gobernación— procedieron a desbloquear la vía.

Es decir, la Constitución y las instituciones de la democracia respaldaban la acción policial. Sin embargo, una emboscada de un grupo radical apostado en una colina desencadenó el triste saldo: un muerto y veinte policías heridos. Lo peor de todo es que Basombrío anuncia posibles destituciones de oficiales y ordena someter a la prueba de absorción atómica a los 150 efectivos para determinar quién hizo el disparo. El mundo al revés. ¿Y los delincuentes que atacaron a la policía? ¿Hay un detenido? ¿Algún procesado? Después del pronunciamiento de Basombrío, ¿acaso la Policía no dudará en defender Las Bambas y las demás minas que están en la mira del radicalismo antiminero?

Pero eso no es todo. Las declaraciones de Basombrío convierten en interlocutores válidos a un sector que pretendía cobrar cupos por el pase de los volquetes. Y, por supuesto, también consolida la estrategia del radicalismo que busca inhibir a jueces y fiscales para que no investiguen, procesen y sentencien a quienes violan la propiedad privada y pública, y atentan contra la vida y la salud de los ciudadanos mediante el bloqueo de carreteras y ataques a la fuerza pública. En otras palabras, el Estado que renuncia a sus funciones por decisión de sus propias autoridades.

Siempre vale recordar que el radicalismo minero busca detener la inversión minera para lentificar el crecimiento del país y organizar en el 2021 un escenario favorable a la resurrección del discurso estatista, ante la desaceleración, la exacerbación de las demandas y la impaciencia. Paralizar Las Bambas, que aporta 1.5% al PBI del país, entonces, es un objetivo fundamental. Pero también se viene Antapaccay y Constanza. ¡Dios mío, cómo ayudamos a PPK!