El peligro de la “democracia plebiscitaria”

Desde que el presidente Martín Vizcarra planteara los cuatro proyectos de reforma constitucional para reformar los sistemas judicial y político, en el Perú solemos escuchar que las instituciones de la democracia peruana deberían avanzar en uno u otro sentido por su grado de “legitimidad” en las encuestas. Congresistas, periodistas, analistas y encuestadores, señalan con frecuencia que los poderes del Estado deben actuar al ritmo de los sondeos de opinión.

Por ejemplo es incuestionable que el presidente Vizcarra tenía la legitimidad, el mandato constitucional y la obligación política de presentar los cuatro proyectos de reforma constitucional. Igualmente estaba en su facultad plantear la cuestión de confianza alrededor de las políticas de Estado contra la corrupción, como una manera de ejercer presión política sobre el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo no puede pretender que la confianza otorgada incluya la aprobación de los cuatro proyectos de reforma mencionados ni los plazos planteados. Y no puede hacerlo porque la Constitución no le otorga esa facultad. Es más la Carta Política —a semejanza de todas las democracias del planeta— excluye explícitamente al jefe de Estado del proceso de reforma constitucional: el Presidente no puede observar una ley de reforma constitucional.

¿Por qué entonces Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, hablan de disolución del Congreso si no se aprueban los cuatro proyectos en el plazo planteado? Porque en el Ejecutivo se apela a las encuestas de GFK e Ipsos como “los principales referentes” de la democracia. En la medida que el Legislativo tiene una mayoritaria desaprobación, entonces, el cierre del Legislativo puede ser viable, más allá de que se estire la Constitución como un chicle.

¿Qué pasa si Vizcarra no disuelve el Congreso y comienza a asumir el natural desgaste de los retrasos en la reconstrucción del norte, el crecimiento de la anemia, el desborde de la criminalidad en las ciudades y el rebrote del sarampión? Las encuestas no lo podrán ayudar demasiado y, ¿acaso será aceptable que el Congreso vuelva a interferir en la autonomía del Ejecutivo por “la legitimidad” de los sondeos? Como se aprecia, la consolidación de la “democracia plebiscitaria” es el vientre de todas las formas de autoritarismo, de todas las formas de mesianismo, sobre las instituciones.

La “democracia plebiscitaria” no solo es patrimonio de los políticos. Aquellas ONG que pretenden basar su reputación en la institucionalidad y en la lucha contra la corrupción —como Transparencia y Proética—, igualmente exigen la salida de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación por la desprobación mayoritaria que registran las encuestas de GFK e Ipsos. Para cualquier analista distanciado de la polarización que envenena a la democracia es evidente que una encuesta alrededor de Chávarry no resiste el menor análisis técnico: nadie lo conoce y apenas está más de un mes en el cargo. El sondeo entonces solo pretende medir el impacto de la demolición mediática que desarrolló un sector del país en base una campaña de mitos y leyendas. Es decir, la “democracia plebiscitaria” que engulle a la democracia representativa y la vigencia de las instituciones.

En la democracia representativa —o en el sistema republicano, para ser más precisos— las instituciones existen por el mandato del soberano (los electores) por un periodo constitucional. En la democracia el plazo institucional también es el fondo y la forma. ¿Por qué esto es así? Por la sencilla razón de que no existe otra manera más eficiente de establecer el equilibrio de poderes y, sobre todo, de controlar el poder. Por ejemplo, el hecho de que el Legislativo procese cuestiones de confianza, en el acto, controla el poder de la mayoría legislativa sobre el Ejecutivo por la posibilidad de la disolución del Legislativo. Pero si el Ejecutivo utiliza esa facultad para avasallar al Congreso, tarde o temprano, enfrentará —dependiendo de las encuestas— una contraofensiva por una eventual infracción constitucional.

¿Por qué estamos discutiendo este tipo de asuntos? La polaridad política en el Perú bloquea la gobernabilidad, tensa a las instituciones e impulsa a los actores a utilizar la Constitución y las leyes estirando artículos y conceptos. Si no se encuentran espacios de treguas, diálogos y acuerdos, la “democracia plebiscitaria” terminará tragándose las libertades, como ha sucedido en todas nuestras experiencias democráticas.