El infierno de la ley en el Perú

El Ejecutivo emite el 80% de las normas

En los últimos días se viene discutiendo sobre si el Congreso debe delegar facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en el tema económico y el de la seguridad ciudadana, entre otros. Para aderezar el debate, algunos señalan que el Congreso “no es una mesa de partes” y otros advierten de una supuesta “voluntad obstruccionista” de parte la mayoría parlamentaria.

Sin embargo, más allá de la agenda izquierdista, entre el pepakausismo y el fujimorismo existe la obligación de construir gobernabilidad casi como estrategia de supervivencia. La administración PPK necesita de la mayoría legislativa para gobernar y el fujimorismo necesita de una buena administración para evitar que el escenario del 2021 sea favorable al radicalismo. Si las voluntades convergen en ese sentido, se allanarán todos los caminos, incluso los de la espinosa delegación de facultades.

A apropósito de la delegación legislativa, vale reflexionar sobre la manera cómo se ha organizado la ley en general en el Perú. La legislación se ha convertido en una muralla para el crecimiento y la gobernabilidad. En un estudio promovido por el ex contralor Fuad Khoury se estableció que en el Perú existían 600,000 normas que, para estudiarse, demandarían una década. Además, se descubrió que existen normas que tienen doce años sin haber sido reglamentadas.

Pero eso no es todo. En otra investigación —”El país de las leyes”, elaborada por la Gaceta Jurídica— se determinó que en el 2014 el Estado había emitido más de 20,000 normas (leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, legislativas y judiciales, entre otras), y que de ese total el 80% correspondía a la producción del Ejecutivo. Algo más grave aún: según el señalado reporte, la famosa fe de erratas que, en cualquier parte del mundo, se usa para corregir errores de edición en la promulgación de las normas, en el Perú se utiliza para seguir legislando mediante modificaciones ad hoc.

Si a este escenario kafkiano le agregamos el proceso de regionalización y la emisión de normas de los gobiernos regionales y locales, entonces tenemos una de las principales explicaciones de por qué el Perú, no obstante considerarse una de las economías más abiertas de América Latina, se ha transformado en una de las más sobrerreguladas y burocratizadas. Como dice el estudio de la Gaceta Jurídica, el Perú ha devenido en el país de las leyes, en el infierno de la ley.

Si las cosas son así, ¿alguien tiene dudas sobre las razones del porqué la informalidad afecta alrededor del 60% de nuestra economía? En el Perú, si las empresas grandes pudieran ser informales lo serían. Hasta el propio Estado busca evadir las propias enredaderas legales que ha creado, con sistemas alternativos de licitación y contratación.

Ahora que en el Ejecutivo y el Legislativo hay mayorías claramente definidas a favor del mercado, ambos poderes deberían establecer algún mecanismo de colaboración —más allá de la tan mentada delegación de facultades— para iniciar un camino que permita salir del infierno de la ley en el Perú, que ahoga a los inversionistas, grandes y pequeños, y al ciudadano que paga sus tributos y arbitrios y pretende desarrollar algún emprendimiento en contra de la animadversión general del Estado.

Quizá el camino pase por instalar una gran comisión nacional Ejecutivo-Legislativo para iniciar el proceso, estudiar el bosque interminable de normas y empezar, en un primer momento, el necesario proceso de poda y eliminación de la normatividad inservible. Paralelamente se podría empezar a simplificar códigos, los llamados “tupas” (textos único de procedimientos administrativos) y otros que han creado los interminables procedimientos.

Si se avanzara en esa ruta todos ganarían. Habría surgido un Legislativo absolutamente diferente con respecto a los tres anteriores de la democracia post-Fujimori, que terminaron con baja aprobación ciudadana. El Legislativo cambiaría de rostro y se identificaría con los problemas del ciudadano de a pie. Y también ganaría el Ejecutivo, porque estaría iniciando la reforma del Estado, destrabando inversiones y liberando las iniciativas creadoras de la sociedad.