El Congreso responde con más populismo

 

Ante el evidente populismo del Ejecutivo, que ha terminado bastardeando una coyuntura propicia para concretar las reformas de los sistema de justicia y político (hoy va la no reelección congresal, pero el Gobierno hace campaña por el “no” en la bicameralidad), el Congreso también responde con populismo: aprobando una Ley de Negociaciones Colectivas en el Estado. A estas alturas parece haberse desatado una carrera sobre quién es más populista.

A partir de ahora, entonces —a menos que el Ejecutivo observe la norma, algo complicado con tanto marxista alrededor del presidente Vizcarra—, los trabajadores del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, de las gobernaciones y de los gobiernos locales tienen la posibilidad de negociar colectivamente con el Estado el aumento de remuneraciones y condiciones de trabajo.

¿Cuáles serán las consecuencias de la nueva ley? En primer lugar se complicarán las posibilidades del manejo presupuestal en el Estado, en la medida que el presupuesto de la República tiene alrededor de 60% en gasto corriente y apenas 40% en gasto de capital. Es decir, más gasto en planilla que inversiones en infraestructuras. Y, de una u otra manera, también se complicará la trayectoria fiscal de la economía.

Si bien es cierto que en el 2017 hubo un déficit de 3.1% y que el 2018 cerrará en 2.9%, los términos de intercambio comienza a ser desfavorables para el país. En este año los precios de los commodities han descendido en 11% y, en la medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúe, las cosas irán cuesta abajo. En otras palabras menos recaudación por menores precios y más presiones para aumentar el gasto corriente mediante la negociación colectiva.

Asimismo vale señalar que la negociación colectiva, en el acto, disparará la conflictividad social, promoviendo la formación de sindicatos estatales de aquí para allá, tal como sucedía en los ochenta. De otro lado la mencionada norma corta en seco cualquier posibilidad de instalar un servicio civil sobre la base de la meritocracia de los funcionarios, tal como se pretende con las políticas que desarrolla la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Basta señalar que la nueva norma deroga varios artículos de la Ley Servir y pone en salmuera cualquier criterio meritocrático.

Pero si la negociación colectiva se consolida en el Estado, ¿alguien duda de que estos “derechos”no se extenderán al sector privado? Es evidente que sí. Como se aprecia, el Perú comienza a involucionar hacia las relaciones de trabajo entre trabajadores, Estado y sector privado que se organizaron en la sociedad posvelasquista, antes de las reformas económicas y sociales de los noventa. Terrible.

En vez de que el Legislativo se oriente a flexibilizar el régimen laboral peruano —uno de los más rígidos y costosos del planeta— que impone 60% de sobrecostos laborales (los más altos en la Alianza del Pacífico) sobre la remuneración. Una verdadera barbaridad, sobre todo considerando que alrededor del 75% de la PEA está en situación de informalidad, sin derechos sociales y sin atención médica. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, los sobrecostos laborales representan menos del 15% sobre los ingresos del trabajador.

El país, pues, parece avanzar a contracorriente de todas las reformas económicas y sociales de los noventa, las que explican que la pobreza se haya reducido del 60% de la población a solo 20% y se hayan expandidos las clases medias como nunca. ¿Cómo entender este viaje de regreso al infierno que abandonamos?