¡Deroguen leyes expropiatorias a favor de la SBN!

Sobrerregulaciones y burocracia amenazan activos de ciudadanos

Como ya hemos informado en este portal que ciudades enteras y playas del norte del Perú son reclamados por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) como propiedad del Estado y en perjuicio de la posesión y propiedad de centenares de pescadores de caletas norteñas, humildes pobladores e inversionistas hoteleros.

Para fundamentar su pretensión de “estado propietario” la SBN —en los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos en Piura y Tumbes— invoca normas que vulneran la Constitución y el Código Civil. Son normas que no deberían aplicar los jueces y que deberían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, porque la Carta Política prevalece sobre cualquier otra normatividad.

Vale señalar que la Constitución establece la preeminencia de la propiedad privada sobre la estatal y señala que la propiedad es de la persona que la usa. Es decir, el posesionario. De otro lado, el libro V del Código Civil sanciona que el derecho de propiedad nace de la posesión y consagra la prescripción adquisitiva: el posesionario puede reclamar la propiedad luego de diez años de posesión.

La SBN entonces reclama predios con leyes absolutamente inconstitucionales e inaplicables. Por ejemplo, se invoca la ley de playas y la llamada “alta marea” como argumentos jurídicos para registrar ciudades enteras. La ley de playas establece una zona pública hasta 250 metros del mar (zona de alta marea), sin embargo no se puede aplicar en Talara ni en la mayoría de ciudades del norte porque ellas existían antes de la mencionada ley. De otro lado, la alta marea solo se aplica a playas que tienen continuidad, algo que no sucede con la mayoría de las del norte, interrumpidas por dunas.

Todo huele a una “tinterillada” de la burocracia que se ha organizado en el Estado durante las últimas décadas. La voluntad expropiatoria del Estado se remonta a la Ley de Hidrocarburos (Ley 026221- DS N. 054-94 PCM), promulgada en 1993, que estableció que Petroperú era la entidad titular de las tierras expropiadas durante la “reforma agraria” del velascato en las playas del norte. ¿Por qué se han mantenido preceptos que han sido derogados por la Carta Política de 1993? A partir de esta normatividad se pretende transferir la propiedad y posesión de ciudades enteras y miles de posesionarios, pobres y ricos de la costa norte del Perú, a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Todo indica entonces que esta voluntad expropiatoria del Estado en contra de los posesionarios de las playas peruanas se ha mantenido en los diversos gobiernos que se han sucedido en las últimas dos décadas. Durante este largo período surgió una burocracia cada vez más omnipresente y poderosa, debido a las sobrerregulaciones, que ha convertido al Estado peruano —pese a los TLC firmados— en uno de los más burocráticos de la región. Semejante estado de cosas no solo ahoga a los ciudadanos con los trámites interminables y bloquea las inversiones, sino que también vulnera los derechos de propiedad.

Un ejemplo que merece colocarse en los records de guinness es la norma que establece la supuesta imprescriptibilidad de los bienes del Estado, que derriba de un solo golpe el derecho de la posesión consagrado en la Carta Política y el Código Civil. ¿De cuándo acá nuestro ordenamiento constitucional reconoce la preeminencia de un supuesto estado propietario en contra de los derechos de los privados? ¿Acaso estamos en la fenecida ex Unión Soviética?

Como se puede apreciar el intento de la SBN de crear una figura de estado propietario en la zona costera del Perú, en realidad, nos revela descarnadamente que en nuestro país no existe un sistema de derechos de propiedad, un mínimo contrato social que garantice los activos y los bienes de los ciudadanos, y que la burocracia se ha convertido en un poder independiente de los gobiernos. En este contexto, ¿por qué la administración PPK no le pone fin a esta amenaza de la propiedad? ¿Por qué el Congreso no deroga estas normas que violan abiertamente el orden constitucional?