Cade, Huaycán, y la alianza de dos países

El Estado ineficiente: enemigo del Perú formal y del informal

El desarrollo de la Cade 2016 el pasado de fin de semana —evento en el que participaron los principales ejecutivos de las empresas modernas del Perú, el presidente de la República y nueve ministros— representa la pujanza y el compromiso del empresariado con el crecimiento y la reducción de pobreza que el Perú ha experimentado en las últimas dos décadas. En el mencionado evento empresarial, de una u otra manera, se estableció que el viejo Estado, las sobrerregulaciones y una burocracia omnipresente, eran los principales problemas a resolver.

Sin embargo mientras se desarrollaba la Cade en Paracas, en Puno y Juliaca se organizaba un paro en contra de la ola criminal que afecta a la seguridad ciudadana: se bloqueaban carreteras y se atacaban cuarenta locales nocturnos que —según los pobladores— albergaban a delincuentes. En Huaycán, a minutos de los centros modernos de la capital, se desató la histeria colectiva y una turba atacó una comisaría con objeto de linchar a dos encuestadores que —sin ningún fundamento— eran acusados de pertenecer a “una banda que secuestraba niños para extraerle órganos”. El resultado de la histeria colectiva: 22 policías heridos y una ciudadana muerta por un disparo. Todo fue producto de una patológica dinámica colectiva.

Es importante reseñar estos dos últimos hechos porque representan una novedad en cuanto a desborde social: representan movilizaciones desesperadas, histerias colectivas, en contra de la ola criminal que no puede ser contenida por el Estado. Y, de una u otra manera, grafica que en el Perú existen dos sociedades: una oficial y otra real, una formal y otra informal. El Perú moderno se reunía en Paracas mientras el otro Perú seguía en sus propias lógicas. Ambos países aparecen distanciados e inconexos, sin embargo semejante apreciación expresa una mirada superficial.

Para simplificar las cosas: tanto el Perú moderno de la Cade 2016 como las sociedades informales que se expresaban en el interior del país tienen en el Estado de más de 600,000 normas, las sobrerregulaciones y la burocracia ineficiente a los principales muros que se deben demoler para construir una sociedad única, un Perú en el que todos tengan los mismos derechos y deberes. Por ejemplo, es imposible enfrentar el desborde criminal que cuestiona el irrenunciable monopolio de la violencia del Estado si no hay una movilización de abajo hacia arriba que comprometa a municipios, regiones y gobierno central. Si no desarrollamos políticas públicas “de abajo hacia arriba” la histeria social se irá apoderando de las comunidades ante la incapacidad del Estado de contener la ola criminal.

Esa misma voluntad de mirar las cosas de abajo hacia arriba está presente cuando el gobierno desactiva el SNIP y propone el sistema Invertir, que busca reducir plazos, trámites, descentralizar los procesos con el objetivo de cerrar brechas. Ese mismo espíritu de abajo hacia arriba es el único que puede garantizar una reforma laboral porque comprometería a las millones de pymes para enfrentar la resistencia del puñado de sindicatos de izquierda que se oponen a flexibilizar las normas laborales.

El Perú necesita en los próximos cinco años desarrollar reformas cruciales para seguir creciendo a tasas altas y reducir pobreza con objeto de preservar la democracia y la economía de mercado que han organizado el mejor momento de nuestra historia republicana. Enfrentar la crisis de las instituciones, resolver los problemas de infraestructuras, avanzar en las reformas de educación y salud, exige que los dos países que todavía habitan en el Perú se enfrenten al enemigo común: el viejo Estado que cobra impuestos al sector privado y no construye los rieles de la inclusión.