Política

Amnistía Internacional contra la minería

Asume mentiras del radicalismo antiminero

Amnistía Internacional contra la minería
  • 23 de noviembre del 2017

De que hay un concierto internacional de la izquierda en contra del modelo económico peruano no existe la menor duda. El informe “El Estado tóxico” de Amnistía Internacional (AI) pretende poner en duda todos los esfuerzos que el Estado peruano efectúa para hacer que las actividades extractivas operen dentro del ordenamiento medioambiental existente. Según el informe, el Estado no vela por la salud de los pobladores de las comunidades de la provincia de Espinar, Cusco , porque —según AI— en la minería no se cumplen las leyes ambientales.

El mencionado informe recoge un documento del año 2012 de la Mesa de Diálogo en Espinar, instalada luego de violentas protestas de los pobladores, que fueron azuzados por antimineros radicales. Dice el informe que las aguas subterráneas y superficiales en lugares cercanos a la compañía minera Xstrata Tintaya S.A. muestran una concentración de metales (y otros elementos químicos) superiores a los estándares de calidad ambiental permitidos.

Recordemos. La gravedad de la “denuncia” dio origen a una investigación en el Congreso de la República de entonces. Un informe presentado por la congresista Verónika Mendoza contradecía a otro informe del Ministerio de Salud, en el que se descartaba cualquier daño a la población. Las investigaciones determinaron que la información incluida en el informe presentado por la entonces congresista Mendoza no era la correspondiente al lugar, sino que pertenecía a otro informe del Ministerio de Salud, que recogía la situación del proyecto Quechua. El informe “trucho” presentado por Mendoza fue usado por el alcalde del distrito de Espinar, Óscar Mollohuanca, quien alertó a la población sobre un inminente “peligro de muerte” por las aguas y los pastos contaminados. Las protestas violentas de los pobladores del lugar dejaron muertes y daños a la propiedad pública y privada.

El informe de Amnistía Internacional no es completo y tiene un claro sesgo contra las industrias extractivas que se desarrollan en el país. Veamos. Los ríos, manantiales, puquiales, bofedales y aguas termales son consecuencia de un ciclo hidrológico que comienza con la evaporación del agua y que luego vuelven a la superficie de la tierra como gotas de lluvia, nevadas, granizos y, también, por los nevados que se descongelan. Por la estructura porosa y permeable de la superficie terrestre, el agua penetra en la tierra y, al filtrarse, discurre de manera subterránea absorbiendo los minerales que encuentra en su camino. Y, como ya sabemos, los Andes peruanos son una zona totalmente mineralizada.

El científico peruano Manuel Aguilar afirma contundentemente que la contaminación en zonas mineras y volcánicas es natural por las filtraciones que nacen desde las profundidades y que, por su recorrido, pueden llegar después hasta la superficie de la tierra. Tales filtraciones pueden contener cadmio, mercurio y arsénico que, por cauces subterráneos, se depositan luego en lagos, ríos y terrenos agrícolas y ganaderos. Científicamente se ha comprobado que las aguas ácidas son comunes en todos los yacimientos mineros y sus alrededores, y ellas no son aptas para el consumo humano ni animal.

Está claro que, el radicalismo antisistema tiene la intención de detener las actividades extractivas, y con propósitos políticos. A las llamadas “cabeceras de cuenca” —con las que se pretende impedir las actividades mineras sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar, aduciendo el cuidado de las nacientes de los ríos para consumo humano, animal y agrario— se suma el informe Estado tóxico de Amnistía Internacional, para darle peso internacional a sus denuncias.

  • 23 de noviembre del 2017

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