Aciertos y preguntas sobre el Gabinete Villanueva

 

El mensaje del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, al Congreso con objeto de conseguir al voto de confianza —en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución— ratificó la impresión general de que las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo marchan por buen camino. Al cierre de esta edición la interrogante que existía era si el Gabinete Villanueva iba a conseguir unanimidad o no en el voto de confianza.

Igualmente, a diferencia de los dos gabinetes de la administración Kuczynski, que estaban repletos de estrellas mediáticas, el Gabinete Villanueva dejó la impresión de que ha tomado las riendas de un Estado paralizado y está decidido a sacar las cosas adelante. Por ejemplo, la decisión de impulsar contra viento y marea el proceso de reconstrucción del norte mediante una modificación de la ley de Reconstrucción con Cambios, con objeto de abreviar los procedimientos de contratación, es una expresión gráfica de la voluntad de resolver problemas. Esa misma voluntad se expresa en la decisión de luchar contra la desnutrición infantil y la anemia para reducir a esta última del 43.6% del total de nuestra niñez a 19% en el 2021. El objetivo de movilizar al Estado y la sociedad en contra de estos flagelos es igualmente encomiable.

Lo mismo se podría decir en cuanto a la decisión de presentar un paquete de iniciativas legislativas en contra de la corrupción, con el apoyo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. La propuesta de ampliar la muerte civil por casos de narcotráfico y lavado de activos y las iniciativas para penalizar el financiamiento sucio en las campañas electorales van en ese sentido.

Sin embargo, los problemas del Gabinete Villanueva empiezan frente la urgencia de relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. ¿Por qué? En el Gabinete Villanueva parece haber claridad sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal hacia el 2021, de incrementar la recaudación tributaria mediante la eliminación de exoneraciones y de la urgencia de relanzar la inversión pública, logrando un 17.5% de incremento con respecto al año pasado.

Según el propio Villanueva el objetivo de incrementar la inversión pública es jalar a la inversión privada. Aquí empiezan los problemas. La inversión privada no crecerá sostenidamente como venía sucediendo en las últimas décadas si el Ejecutivo no lidera un paquete de reformas estructurales, tal como pretende hacerlo para la reconstrucción del norte, la lucha contra la corrupción y en algunos aspectos de la reforma del sistema político.

Considerando que la inversión privada sigue representando el 80% del total de lo invertido en el país, si esta no sigue creciendo como en la última década, entonces no habrá crecimiento sostenido de la economía y será imposible que el Perú crezca a tasas de 5% del PBI hacia el 2021 y logre reducir la pobreza a 18% de la población. Metas que, por cierto, se convertirían en conservadoras si se implementa una nueva ola de reformas.

Por ejemplo, cuando Villanueva mencionó a la minería habló de Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de Toromocho, pero guardó silencio frente a Tía María y Michiquillay, como aceptando que el Estado es incapaz de modificar la lógica de conflictividad que alientan los sectores antimineros del Perú para detener la producción de cobre nacional. La idea un Estado árbitro entre las compañías que invierten y la población que demanda bienestar solo elude la principal responsabilidad del Estado en el problema y abona a la tesis antiminera de “las empresas explotadoras”.

En el tema de las grandes inversiones en infraestructuras (que junto a las de minería suman alrededor de dos tercios de la inversión privada total) no se mencionaron las urgencias de plantear una nueva legislación que simplifique trámites y procedimientos. En el caso del sector construcción se guardó silencio frente a la absurda judicialización de las empresas constructoras que ha paralizado el crédito bancario para el sector y que explica que muchas licitaciones del Estado comiencen a quedar desiertas. Tampoco se anunció la urgencia de publicar el reglamento de la ley 30737 que reemplaza al D. U 003.

En el tema laboral y de la informalidad, igualmente, no existe el entendimiento del papel que juegan los costos y la sobrerregulación laboral en la generación de informalidad en el empleo. El ministro Villanueva habló de competitividad, de productividad y de la necesidad de que el Perú mejore su posicionamiento en el ranking mundial de competitividad del Foro Económico Mundial. Sin embargo, pareció que la competitividad y la simplificación de procedimientos solo funcionaba para algunos sectores, pero no para las áreas fundamentales que posibilitarían relanzar la inversión privada.

Fue un mensaje del PCM Villanueva que genera tranquilidad, porque parece existir un Gobierno que ahora sí pretende gobernar, pero que desata muchas interrogantes sobre cómo relanzar la inversión privada, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Todo pareciera indicar que la tensión entre ministros pro inversión y anti inversión dentro del Consejo de Ministros habría producido un empate. Veremos y a esperar.