Colombia: el secuestro del general

¿Qué efectos políticos tendrá el plagio del general Alzate en los diálogos de paz?                                                                           

La política del gobierno de Colombia que busca un acuerdo político con las FARC para acabar con 50 años de guerrilla totalitaria y terrorista parecía que iba a sufrir esta semana un duro revés, con el secuestro del general del ejército Rubén Alzate Mora, en la zona de operaciones subversivas de la provincia selvática del Chocó.  Sin embargo horas después del plagio los negociadores del gobierno colombiano y las Farc anunciaron la liberación del militar en el “más breve plazo”.

No obstante antes de conocerse el acuerdo sobre la liberación se dibujó un enorme signo de interrogación en el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos había ordenado que se suspendieran las negociaciones, en un gesto de firmeza. Vale anotar que las negociaciones entre el gobierno y las FARC se desarrollan sin que medie un cese al fuego como había sucedido en un intento anterior.

El Fiscal General de Colombia, Alejandro Ordóñez, había recogido la opinión de una buena parte de los colombianos al declarar que “no se puede reiniciar un proceso de paz sin la entrega de los soldados y de los civiles secuestrados”. El magistrado asumió así que el caso del general Alzate debiera marcar un punto de quiebre en la tolerancia del gobierno hacia las FARC.

Las negociaciones se explican por la necesidad de acabar con 50 años de subversión armada, fenómeno inédito en la región, donde los grupos no han durado como en el caso colombiano. En el Perú, por ejemplo, la subversión fue derrotada en una década, en Bolivia en unos cuantos meses, y en El Salvador se llegó a un acuerdo político después de 12 años de guerra. Nadie duda, pues, que Colombia necesita y debe resolver ese problema para consolidar su democracia.

Al respecto, el presidente Santos proclamó hace dos meses, en la ONU, que su gobierno estaba cerca de sellar la paz. Sin embargo, al hacerse públicos los acuerdos avanzados entre las partes quedó claro que no hay nada concreto en los temas de fondo que se negocian. Por ejemplo, la principal exigencia de las FARC sigue siendo que se cambie la Constitución actual que ha conducido a Colombia hacia el progreso, lo cual es rechazado por toda la sociedad colombiana.

Otra crítica de fondo es que el anterior gobierno descabezó a las FARC y las aisló militar y políticamente, dentro y fuera de Colombia, creando así las condiciones para que el estado imponga los términos de cualquier negociación de paz, y que a pesar de ello Santos permitió que dichos términos sean negociados “de igual a igual” con una subversión muy disminuida.

La prensa bogotana ha revelado además un hecho que alimenta el escepticismo: el gobierno y las FARC tienen agendas de trabajo distintas, y en dos años no han logrado conciliar una sola para avanzar.

Y si lo más rescatable hasta hace poco era la buena atmósfera en que se llevaban a cabo las negociaciones, pues ahora aquella se ha enrarecido por completo por el secuestro.