Proyectos contra la meritocracia educativa

El 11 de enero pasado, congresistas del Partido Aprista, Fuerza Popular y Frente Amplio presentaron el Proyecto de Ley Nº 2312/2017-CR, que restituye en sus plazas a los docentes interinos cesados por aplicación de la Resolución de Secretaría General Nº 2078-2014-MINEDU. El proyecto, que atenta gravemente contra la meritocracia educativa, propone la reincorporación de los profesores en calidad de nombrados en la misma plaza que ocupaban antes de ser cesados.

La Resolución Nº 2078 dispone que, de acuerdo a la Ley Nº 29944 (Ley de Reforma Magisterial), los profesores nombrados sin título pedagógico tienen dos años de plazo para obtener y acreditar el título correspondiente. Vencido el plazo, los profesores que no cumplieron con la acreditación fueron retirados del servicio público magisterial.

Pero todo parece indicar que la búsqueda de votos y respaldo ciudadano impulsa a algunos parlamentarios a plantear iniciativas populistas, irresponsables y que atentan, principalmente, contra los niños más pobres del país. El mismo día, y casi a la misma hora, se presentó el Proyecto de Ley Nº 2311/2017-CR que restituye en sus cargos a directores y subdirectores cesados de instituciones de educación básica regular por aplicación del DS Nº 003-2014-MINEDU.

Al respecto, el DS Nº 003, promulgado durante la gestión de Ollanta Humala, resuelve modificar el procedimiento excepcional de evaluación para directores y subdirectores. Este DS dispone que los directores ejerzan el cargo hasta el 2014 y vuelvan al cargo original de docente si no aprueban la evaluación excepcional, si son retirados del procedimiento, si no se presentan a la evaluación o no cumplen con los requisitos.

El Consejo Nacional de Educación (CNE) ha anunciado que de aprobarse los proyectos de ley, se truncará todo lo avanzado y se debilitarán todos los esfuerzos desplegados para el desarrollo meritocrático de la educación peruana, que con tanta dificultad se ha emprendido. De un plumazo, el Congreso no puede ir en contra de la corriente nacional que exige una escuela pública basada en los méritos de los docentes. Tampoco en contra de una política de Estado de larga data, con sus altas y sus bajas, que viene desde la gestión del ex ministro de educación José Chang.

El Congreso de la República debe velar por el bienestar de todos los peruanos, incluyendo los niños y adolescentes en procesos de aprendizajes. No se puede alentar el mal ejemplo, aprobando leyes que admiten nuevamente en la escuela pública a profesores que, por diversas razones, no han cumplido con las normas correspondientes. Los autores de los dos proyectos de ley no se pueden burlar de los profesores que escrupulosamente hacen todos sus esfuerzos para cumplir con todos los requisitos para lograr un nombramiento o un ascenso en la escala magisterial. Aprobar esos proyectos sería un pésimo antecedente que desmoralizará a toda la comunidad educativa.