Positivo cambio de guardia en la Sunedu

Relevan a cuestionada presidente de Concytec

El relevo de Gisella Orjeda de la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) y, por lo tanto, del Consejo Directivo de la Superintendencia del Consejo Nacional de Educación Superior (Sunedu) ha movilizado a la izquierda y a los sectores estatistas en el sector educación.

En este portal habíamos criticado más de una vez a Orjeda porque ella en la Sunedu era la neta representante de los sectores estatistas que buscan la exclusión del sector privado en la educación. Pero también se había señalado que la influencia de Orjeda en la Sunedu sobrepasaba la autoridad de la actual Superintendente de la Sunedu, Lorena Masías, y había motivado la renuncia de gran parte del personal de la Sunedu.

Si la ministra de Educación, Marilú Marthens, pretendía modificar el estilo confrontacional y de exclusión de “la llamada reforma Saavedra” algo había que hacerse. Lorena Masías empezó a dialogar entonces con todos los sectores de la universidad (universidades públicas, asociativas y privadas) en busca de un bloque procalidad. Sin embargo Orjeda boicoteaba cualquier afán de gestar un bloque procalidad en todos los modelos de universidad, acaso en el afán de imponer las visiones estatistas de la izquierda. Allí está, por ejemplo, el plan de supervisión de la Sunedu con 900 acciones programadas para el 2017, justo cuando las universidades culminan la etapa de licenciamiento a través de una tramitología que ahoga a los claustros y los aleja de las actividades académicas.

Pero eso no es todo con respecto a la señora Orjeda. Existen diversas denuncias periodísticas en contra de su gestión en Concytec e investigaciones pendientes en el Congreso. En un editorial anterior reseñamos que el diario Perú 21 había denunciado que Orjeda habría avalado subvenciones de cerca de medio millón de soles a su ex socio Carlos Merino. Perú 21 también denunció que otra socia de Orjeda, Joanna Gambetta, igualmente había conseguido dos financiamientos de Concytec por cerca de S/ 600,000. De otro lado en la Comisión de Fiscalización del Congreso se informó que se habían detectado 22 irregularidades durante la gestión de Orjeda en Concytec.

Allí no queda la cosa. La señora Orjeda se había convertido posiblemente en una de las personas con más poder en todos los asuntos vinculados al financiamiento de investigaciones académicas. No solo ella integraba el Consejo Directivo de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu), sino también los de los organismos directivos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Comisión Nacional Peruana con la Unesco, el Consejo Directivo Ad Hoc del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA). Asimismo la señora Orjeda es la representante del Sineace ante el Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) e integra el Consejo Consultivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

Quizá en esta estrategia de copamiento de entidades claves para el financiamiento de las investigaciones académicas resida una de las explicaciones de que algunos consideran que el aporte del sector privado debe ser excluido de la educación. Una verdadera locura, cuando en el mundo la IV Revolución Industrial y la revolución de las telecomunicaciones son impulsadas, principalmente, por el sector privado; y cuando la velocidad de los cambios convierte en obsoletas carreras profesionales que antes reinaban en los claustros.